La llama del conflicto que prendió hace dos años en La Arboleda se avivó ayer en el Parlamento vasco. Dos años después de que los colectivos en favor del pueblo gitano acudieran a la comisión de Derechos Humanos para exponer su versión sobre los problemas de convivencia entre una familia realojada por el Gobierno vasco y los vecinos del poblado minero, ayer estos últimos fueron llamados a la Cámara para ofrecer su punto de vista. El representante de los vecinos, Iñaki Zamarripa, reiteró su rechazo a que el clan ocupe uno de los pisos de protección oficial que existen en la zona alta de Trapagaran, e incidió en sus acusaciones sobre el pasado delictivo del cabeza de familia, al que acusó de tener «un expediente policial más largo que el rabo del demonio».

Su intervención despertó las críticas del Parlamento. Los representantes del PNV, PSE y EB escenificaron su rechazo a la postura de los vecinos, que tildaron de «xenófoba». Mientras, el parlamentario Leopoldo Barreda (PP) criticó «algunas expresiones» utilizadas, pero abogó por que todas las instituciones colaboren en solucionar el problema para evitar que el barrio «siga arrastrando este conflicto».

El presidente de la asociación vecinal aprovechó su intervención para reiterar su disconformidad con el realojo aprobado por el Gobierno vasco y el Ayuntamiento de Sestao. Zamarripa calificó la operación de «ilegal, injusta e inmoral». Según alegó, el traslado de la familia en 2009 sólo benefició «a unas personas que se pegan la gran vida sin trabajar, cargados de derechos y sin obligación alguna». El portavoz trató de distanciar su postura de cuestiones étnicas y recordó, una vez más, que en La Arboleda residen desde hace años y con total normalidad varias familias gitanas.

Un discurso «de vergüenza»

Sus argumentos no convencieron al Parlamento, que le echó en cara un escrito firmado por su asociación en el que figuraba la frase: ‘El que quiera gitanos que se los lleve para su casa’. «Apunta a que no se trata de un problema con una familia concreta sino de una generalización», interpretó el representante del PSE, Mikel Unzalu, quien acusó al portavoz de los vecinos de mantener «un tono de racismo y xenofobia» , y recordó que el proceso de realojo se ha llevado a cabo «según el ordenamiento jurídico».

En la misma línea se manifestó el parlamentario del PNV, Iñigo Iturrate, que expresó su «vergüenza» por el discurso de los vecinos y los incidentes vividos en La Arboleda.