Representantes de ONGs de Euskadi y Navarra entregaron ayer en la Subdelegación del Gobierno en Donostia un manifiesto, firmado por más de 350 entidades de todo el Estado, en el que se reclama el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). A estos lugares son conducidos los inmigrantes en situación irregular en el Estado, antes de ser expulsados del país. Los firmantes del manifiesto consideran que estos espacio son «contrarios a los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por España».
En Euskadi no existe ninguna de estas instalaciones hay diez por todo el Estado y, cuando se lleva a cabo una expulsión, se derivan a los CIE de Madrid o Barcelona. «Cada semana se envía algún inmigrante desde Gipuzkoa», señala Mikel Mazkiaran, abogado y representante de SOS Racismo, uno de los colectivos (Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) o el Instituto Hegoa de Desarrollo, Cooperación de la UPV…) que firman el manifiesto.
La iniciativa se lleva a cabo como medida de presión al Ejecutivo, que se encuentra elaborando, con un año de retraso, el reglamento regulador del funcionamiento de estos CIE. Los firmantes aseguran que estos centros se encuentran en una situación de «grave excepcionalidad jurídica incompatible con el Estado de Derecho, que debe ser reparada con urgencia». Por este motivo, piden su cierre o, cuando menos, que el nuevo reglamento recoja los derechos de las personas extranjeras que allí se retienen.
Según explican, el único derecho limitado para las personas inmigrantes allí recluidas es el de la «libertad ambulatoria», es decir, la libre circulación por el Estado. «No son delincuentes ni están detenidos», señalan.
Por ello, el reglamento «ha de garantizar el cumplimiento de todos los demás derechos». Las organizaciones temen una norma «restrictiva» por lo que piden una interlocución con el Gobierno.