Aunque la Ley de Extranjería le daba al Gobierno seis meses para definir un reglamento que establezca las condiciones básicas de este tipo de centros, un año después ni siquiera existe un borrador. Los colectivos que trabajan en defensa de los inmigrantes se quejan de la falta de diálogo y hablan de “oscurantismo”.

El Gobierno lleva un año de retraso en la elaboración y aprobación de un reglamento específico para ordenar el funcionamiento de los centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) que existen en España, norma que según la Ley de Extranjería aprobada en diciembre de 2009, debió estar lista antes de junio del año pasado.

La disposición final sexta de la ley daba al Gobierno un plazo de seis meses para aprobar un Reglamento, margen que el Ministerio de Trabajo e Inmigración alargó ocho meses más, de modo que hasta el pasado 30 de abril no estuvo la norma publicada en el Boletín Oficial del Estado. Sin embargo, este Reglamento no era el único que la ley imponía crear.

La disposición adicional tercera de la Ley dispuso que el Gobierno, en el plazo de seis meses, aprobaría una reglamentación “que desarrollara el régimen de internamiento de los extranjeros” para establecer, entre otras cuestiones, las condiciones en que se debe prestar atención social y sanitaria dentro de las instalaciones.

En la actualidad, el funcionamiento de los centros está regido por una Orden Ministerial de hace doce años, firmada por quien fuera en 1999 ministro del Interior, Francisco Álvarez Cascos, y basada en una ley de extranjería de 1985 que ha sufrido severas modificaciones desde entonces.

Tanto la actual Ley de Extranjería como su Reglamento, que entrará en vigor el 30 de junio, prevén que “las organizaciones constituidas legalmente en España para la defensa de los inmigrantes y los organismos internacionales pertinentes podrán visitar los centros de internamiento”, asunto que también debe desarrollarse con un reglamento que aún no se ha publicado.

No obstante, el pasado 13 de enero el juez Ramiro García de Dios, en funciones de Control Jurisdiccional del CIE de Madrid, dictó sentencia en el Juzgado de Instrucción número 6 de la capital sobre este asunto, para que el director de la instalación habilitase un horario de mañana y de tarde para que los representantes de las ONG, fueran o no abogados, pudieran entrar en estos recintos.

Con todo, una veintena de plataformas y organizaciones sociales entre las que se encuentran el Servicio Jesuita a Migrantes y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) denuncian el “oscurantismo” con el que, aseguran, el Gobierno está elaborando el reglamento, puesto que consideran que “margina a la sociedad civil en el tratamiento la privación de libertad”, explican.

Estas entidades, unidas en un manifiesto para “que el Derecho no se detenga a la puerta de los CIE” afirman que “son meses esperando conocer el borrador de este reglamento sin que haya sido posible saber sus líneas básicas ni mucho menos poder intervenir mínimamente”, en una “ausencia de diálogo” que, según denuncian, “sólo puede presagiar la imposición de una orden restrictiva”.