Allá en el año 2000, la Comunidad Autónoma Canaria destinaba tan solo el 0,39 por ciento de su gasto sanitario para el colectivo inmigrante. A tenor del discurso eminentemente nacionalista sobre los problemas derivados del incremento de la población y su repercusión en la calidad de los servicios sociales, cabría pensar que aquel 0,39 por ciento se disparó en ejercicios posteriores. Nada de eso. En 2007, pasada la pretendida «avalancha» que se esforzaron en vender no pocos políticos, apenas alcanzó el 1,41 por ciento, tal como detalla el estudio «Inmigración y estado de bienestar en España», un nuevo trabajo de la colección de estudios sociales de La Caixa que firman los expertos en la materia Francisco Javier Moreno y María Bruquetas.

Pero, para contextualizar estas cifras, basta citar que ese incremento resultó, en términos relativos, el más bajo de entre las 17 comunidades autónomas. Así, en el período comprendido entre los ejercicios 2000 y 2007 —hasta donde llega la serie histórica—, el aumento fue de 261 puntos, a años luz de los 1.260 puntos en que creció el esfuerzo presupuestario en Castilla-La Mancha o de los 1.155 de Aragón. Claro que podría pensarse que con solo estimar el incremento del gasto no se puede dibujar del todo la realidad, habida cuenta de que ello no indica qué región o regiones, efectivamente, dedican más de sus recursos sanitarios a las personas inmigrantes. En otras palabras, una autonomía que en el año 2000 destinaba cien y en 2007 doscientos habrá aumentado su esfuerzo en un cien por cien, pero seguirá gastando más en el colectivo que otra que de 10 pasó a destinar 25, aunque el crecimiento del gasto haya sido mayor en esta última.

Sin embargo, considerar esta relevante puntualización tampoco deja rastros de «avalanchas» o de que los inmigrantes colapsen el sistema sanitario, lo que, de ser cierto, habría obligado a un gasto a todas luces superior a lo que recoge el estudio de La Caixa. Porque al comienzo de la década, aquel 0,39 por ciento del gasto sanitario «dedicado a población inmigrante», como especifica el análisis, estaba muy lejos del 1,35 por ciento de la Comunidad de Madrid e, incluso, del 0,91 por ciento del total del Estado. Y en 2001, cuando pasó a ser del 0,56 por ciento, también quedó lejos del 1,52 del total. Y en 2002, 2003, 2004 y 2005 ocurrió lo mismo. Y llegó 2006, cuando muchas voces casi «criminalizaron» al colectivo, y resultó que el 1,41 por ciento de 2005 no solo no aumentó, sino que se redujo hasta el 1,32 por ciento, para volver al 1,41 en 2007. En definitiva, Canarias no llegó al total estatal en ninguno de los ocho ejercicios analizados y, por tanto, no se esforzó ni de lejos lo mismo que otras regiones.

Los datos correspondientes al último año del estudio, de hecho, así lo evidencian. «Porcentaje de gasto sanitario dedicado a población inmigrante en diferentes comunidades autónomas», dice el estudio: total de 2007, 5,18 por ciento; mayor esfuerzo, 7,43 por ciento (Cataluña); Canarias, 1,41 por ciento.
Inmigración y beneficios

Asimismo el estudio pone de manifiesto la parte positiva, en lo económico, de la inmigración, esa vertiente que en muchas ocasiones se empeñan en minimizar en favor de los aspectos negativos. El análisis calcula que casi el 40 por ciento del crecimiento medio anual del Producto Interior Bruto (PIB) en el período 2000-2006 «se puede atribuir a las consecuencias directas derivadas de la inmigración», siendo este efecto positivo «aun mayor en determinadas comunidades autónomas».

Y se da la circunstancia de que, precisamente, una de esas comunidades especialmente beneficiadas, junto a Baleares, La Rioja, Comunidad Valenciana, Murcia, Cataluña y Madrid, fue el Archipiélago, donde más del 55 por ciento del crecimiento anual del PIB en el período de referencia no habría sido posible sin la participación económica de la población inmigrante. La «avalancha», pues, parece que dejó más en el haber que en el debe.