Carlos Orellana Orellana, un trabajador de la construcción de 41 años de edad, recibió el miércoles 13 de abril una visa humanitaria por parte de las autoridades de Inmigración de Estados Unidos y el mismo día le hicieron conocer su número de seguro social, lo cual le permitirá trabajar sin temor a la “Migra” y terminar con casi 16 años de permanecer en la sombra con el miedo de ser detenido y deportado al Ecuador.

Orellana fue víctima de asalto y agresión en la localidad de Patchogue por parte de varios de los pandilleros que poco después atacaron y asesinaron al ecuatoriano Marcelo Lucero. La misma noche de la agresión presentó su denuncia a la Policía del condado de Suffolk y más tarde testificó en contra de los asesinos de Lucero que fueron a parar a prisión.

Su valentía para acudir a la justicia le valió la visa U, que hoy le permitirá residir legalmente por cuatro años y tramitar su residencia definitiva luego del tercer año.

Demasiado precio
Durante la larga charla que sostuvimos con Orellana nos extraña su seriedad y un leve signo de tristeza. Se lo dijimos y nos respondió: “He recibido muchos golpes en la vida. Ahora tomo con calma lo de la visa porque a cambio de ella perdí a mi esposa, no he visto crecer a mi hijo y tampoco envejecer a mis padres. La vida de indocumentado termina con la familia por pequeña que sea”.

Lo que se vivió no vuelve por lo que lo único rescatable es aprovechar la experiencia para no repetir errores. “Si pudiera retroceder el tiempo y volver a aquel 1995 en que empecé mi aventura, no saldría nunca de mi país. Nadie puede hoy reparar el daño que se causa a la familia con una separación tan larga e irremediable”.

Carlos Orellana nació en Paute, pero muy joven viajó a Guayaquil en busca de un mejor futuro. “Llegué a vivir a La Prosperina y empecé a trabajar en la construcción. En Guayaquil conocí a la que fue mi esposa, que era de Paute como yo. Tuvimos un hijo y de repente se nos ocurrió venir a Estados Unidos. Dejamos a nuestro hijo con la familia y emprendimos la aventura”.

Orellana y su esposa entraron ilegalmente por la frontera con México y llegaron hasta Nueva York a fines de 1995. Todo parecía ir bien hasta que Inmigración detuvo a su esposa a los tres meses de haber arribado y la deportaron.

“Puedo decir que allí se me apagó la vida. Fue un golpe del que aún no me recupero. Las leyes nos separaron, nos divorciamos y mi exmujer reside ahora en Italia junto con mi hijo Juan Carlos que tiene 18 años y al que no he visto desde que lo dejé en el Ecuador. Él se ha hecho un hombre sin la compañía de su padre y eso es muy triste”, dice Orellana.

El racísmo en Long Island
Orellana llegó inicialmente a residir a Queens. Después fue a Hempstead y más tarde a Patchogue, en Long Island, un nombre siniestro para los inmigrantes hispanos.

“Sentí el racismo desde que llegué. Los llamados ‘blancos’ nos miran mal, nos insultan. Para ellos todos los que tenemos un toque hispano somos ‘mexicanos’, a lo que le agregan un insulto irreproducible. Generalmente nos gritan ‘frijoleros’ (beaners)”, cuenta.

El 14 de julio del 2008, hacia la medianoche, Orellana retornaba de su trabajo cuando advirtió la presencia de un grupo de diez o doce jóvenes alrededor de un vehículo u ocultos tras unos arbustos.

Trató de correr pero fue interceptado y golpeado salvajemente mientras le gritaban ¡vete de aquí…”. Fue abandonado inconsciente en medio de la calle. Cuando volvió en sí estaba sangrando y tenía un enorme hematoma en uno de sus ojos. Caminó hasta su casa y llamó a la Policía. Los agentes hicieron el reporte pero luego no pasó nada.

En diciembre del 2008 asesinaron a Lucero cerca del lugar en que Orellana había sido agredido. Lo supo por un compañero de trabajo salvadoreño que lo invitó a una vigilia en memoria del inmigrante ecuatoriano. Al ver la televisión reconoció a Jeffrey Conroy y a José Pacheco como sus atacantes.

José Pérez, de la organización Latino Justice, lo contactó. Aceptó testificar contra ellos y firmar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra la Policía de Suffolk por negligencia en la protección a los inmigrantes hispanos.

Conroy fue sentenciado a 25 años de cárcel por la muerte de Lucero y seis de su grupo recibieron condenas entre 8 y 10 años tras las rejas.

“No he tenido miedo alguno. Lo consideré una obligación solidaria y humana. Yo había sido víctima de un crimen sin castigo y era la oportunidad de detener los ataques”, reflexiona.

Latino Justice lo puso en contacto con los abogados de Masliah y Solloway y ellos tramitaron su visa humanitaria sin cobrarle un centavo.

El futuro
Su sueño hoy es poder salir del país y reunirse con sus padres en Paute. También poder estar junto con su hijo y conversar con él sobre todo lo que ha pasado. Es un hombre con vastos conocimientos de construcción –el trabajo que le gusta–, habla un inglés muy fluido y tiene planes para crecer desde el punto de vista personal.

“Puedo decir que me va bien en mi trabajo. En los próximos meses voy a constituir mi propia empresa y emprender para asegurar mi futuro”.

Pero no ha olvidado su sentimiento solidario hacia otros trabajadores menos afortunados que él. Junto con el obrero mexicano Roberto Meneses ha constituido la organización Jornaleros Unidos de Woodside, en la que ha agrupado a los trabajadores que esperan un trabajo en la esquina de Roosevelt y la calle 69 en Queens.

En los próximos días la entidad publicará un periódico en el que se narrará el drama de los hombres que esperan a la intemperie, aún en el frío invierno neoyorquino, que alguien los recoja para trabajar. En el periódico también se denunciará la persecución policial de la que son objeto.