La crisis migratoria azuzada por Francia e Italia con el vaivén de miles de tunecinos entre los dos países desembocará en más controles en una nueva era para la libre circulación en el espacio Schengen.

Tras la petición de Nicolas Sarkozy y Silvio Berlusconi, la Comisión Europea respalda revisar el Tratado que permite entrar en 25 países europeos sin identificarse para que la suspensión temporal de Schengen sea más automática y se eviten polémicas entre sus miembros. Según un portavoz de José Manuel Durão Barroso, el hecho de que París y Roma presenten «propuestas concretas» para hacer el sistema más previsible es «una buena noticia».

Una vez más fuera de juego en las disputas entre socios, la Comisión intenta recuperarse e incorporar a sus propuestas sobre inmigración de la semana próxima «aclaraciones» sobre Schengen. El control de fronteras que decidió Francia ante los tunecinos que le mandaba Italia por el norte es perfectamente legal, según la Comisión, porque el texto actual ya permite reinstaurar la vigilancia policial en caso de emergencias de todo tipo, como se hace cuando un país alberga una cumbre del G8 o una final de la Champions. Ahora, según explicó un portavoz comunitario de Interior, se trataría sólo de precisar cuando es conveniente que un Estado miembro controle una parte de sus fronteras ante la llegada repentina de inmigrantes.

Presionada por Italia, que incluso amenazó con dejar la UE a falta de más dinero comunitario y ayuda logística para gestionar unos 25.000 tunecinos, y Francia, muy activa en la defensa de su soberanía en materia de seguridad, la Comisión intenta contentar a los dos. El próximo miércoles, propondrá reforzar una vez más la agencia de control de fronteras, Frontex, y coordinar mejor la asistencia a los países como España, Italia o Malta, considerados el límite exterior de la UE. E intentará colar las preocupaciones francesas sobre Schengen para evitar más decisiones «unilaterales» y así establecer que se pueden reestablecer los controles y las colas ante cualquier «disfunción», un término menos exigente que la condición actual, una «amenaza grave para el orden público y la seguridad interior».

Además de Francia, que a mediados de abril interceptó los trenes italianos hacia su territorio, Bélgica y Holanda han instaurado controles especiales. Varios Gobiernos, entre otros Alemania o Austria, han criticado a Italia por no actuar de «buena fe» al emitir documentos de viaje para los tunecinos que no consigue repatriar y que pretendía distribuir por Francia y otros vecinos.

«Nos damos cuenta tras 20 años con Schengen de que los textos deben evolucionar, porque las situaciones evolucionan. Pero esto no es una revolución, se trata de aportar más claridad a lo que ya está en vigor», explicó ayer un portavoz de Cecilia Malmström, la sueca responsable de Interior. La comisaria se ha quejado de las peticiones diarias de Roma y no quiere acumular problemas con Francia, que el año pasado ya tuvo un durísimo enfrentamiento con la Comisión Europea por la expulsión de miles de gitanos.

En este caso, y como la mayoría de los países de la UE, la Comisión se decanta más hacia el lado francés y sugiere que Italia no respetó sus deberes dentro del espacio común de libre circulación. Según explicó el portavoz de Barroso, cualquier reforma de Schengen debe servir para «decir qué hacer cuando un Estado que es una frontera exterior de la UE no respeta sus obligaciones o cuando toma decisiones unilaterales».

Los ministros de Interior de los Veintisiete afinarán detalles el 12 de mayo, en una reunión extraordinaria sobre inmigración, otra oportunidad para darle un tirón de orejas a Roberto Maroni, el folclórico representante italiano. En su último encuentro europeo, el ministro cuestionó la presencia de su país en una UE que, según él, sólo sirve para «salvar bancos» y «declarar la guerra».