Barack Obama está ya de campaña electoral, por lo que su incumplida promesa de reformar las leyes de inmigración ha vuelto a su agenda. Si su triunfo en 2010 se apoyó, entre otros pilares, en la población hispana, el descontento de la comunidad latina por el récord de 393.000 deportaciones practicadas el año pasado ha hecho saltar señales de alarma en la Casa Blanca. Algunos dirigentes han amenazado con negarle el voto a Obama y fomentar el boicot a su reelección.

Con el fin de retomar el propósito de arreglar «el roto sistema de inmigración» del país, como lo ha definido el equipo presidencial, Obama convocó ayer a un nutrido y heterogéneo grupo de políticos de ambos partidos, empresarios y líderes religiosos. El grupo iba desde el ex gobernador de California Arnold Schwarzenegger, al alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, pasando por jefe de Policía de Filadelfia.
Mano de obra

El objetivo es poder combinar la necesidad de mano de obra inmigrante que tiene la economía estadounidense con la persecución de los sin papeles y el problemático reconocimiento de la ciudadanía para los niños nacidos en EE.UU. de padres con presencia ilegal en el país. Los datos del último censo, publicados hace unas pocas semanas, indican que en el último decenio el número de hispanos en EE.UU. ha pasado de 35,3 millones a 50,5. Esto supone más de la mitad del crecimiento experimentado por el conjunto de la población, en la que los hispanos han pasado a representar un 16,3%. Uno de cada cuatro habitantes de menos de 18 años es de origen latino. Estas cifras obligan a que el problema de la inmigración ilegal no pueda resolverse con deportaciones.

La falta de actuación por parte de Obama ha llevado a los estados a legislar por su cuenta, algo cuestionado constitucionalmente porque las responsabilidades sobre las fronteras es federal. Frente a polémicas leyes como las de Arizona, otras sendas se están mostrando más consensuadas, como las leyes aprobadas en Utah, que tratan de cubrir tres aspectos: cumplimiento de la ley, un programa para trabajadores invitados y un sistema de multas y permisos de trabajo para los inmigrantes ilegales.