La Unión Europea dio ayer la razón a Francia en el último capítulo de la disputa migratoria que mantiene con Italia. La comisaria de Interior, Cecilia Malmström, avaló la decisión del Gobierno galo de prohibir temporalmente la entrada de trenes con inmigrantes tunecinos procedentes de territorio transalpino. La responsable comunitaria precisó que la normativa del área Schengen – el espacio europeo sin fronteras interiores – permite a un país miembro reinstaurar los controles en sus límites nacionales por cuestiones de seguridad.

El nuevo pulso entre Francia e Italia se desató el domingo. Las autoridades galas interrumpieron durante casi toda la jornada la circulación ferroviaria desde la localidad transalpina de Ventimiglia en dirección a la Costa Azul. La medida, según detallaba ayer ‘Le Figaro’, se tomó para impedir una manifestación «no autorizada» de unas 250 personas que pretendían entrar en territorio francés. Al parecer, tanto activistas galos como italianos se habían citado en Ventimiglia para llevar a cabo una marcha en tren con inmigrantes tunecinos para denunciar las restricciones impuestas por el Gobierno de Nicolas Sarkozy.

El ministro de Exteriores italiano, Franco Frattini, censuró el bloqueo de trenes en la frontera francesa y encargó al embajador en París presentar una «protesta firme». El canciller del país transalpino tachó de «ilegítima» la decisión y acusó al Elíseo de incurrir en una «clara violación de los principios europeos generales». En una entrevista televisiva, el titular de Interior, Roberto Maroni, calificó la actitud de su vecino galo de «incomprensible» y criticó que se empleara con tanta «dureza» contra Italia.

La prolongada disputa, que estalló a principios de mes con la llegada de miles de inmigrantes tunecinos a la isla de Lampedusa, volvía a convertir a la UE en árbitro de la contienda. Tras recibir una explicación por escrito del Gobierno francés, la comisaria de Interior avaló las tesis de París. «Nos han explicado que fue una interrupción temporal del tráfico ferroviario por razones de orden público», expuso Malmström antes de corroborar que Francia estaba en su «derecho» de impedir el paso de trenes por su frontera.

Control por seguridad

La normativa que regula el espacio Schengen, según explicaron fuentes comunitarias, faculta a un país miembro a reintroducir los controles fronterizos por razones de seguridad. La legislación, aprobada por primera vez en 1985, incluye dos supuestos en los que un gobierno puede volver a establecer las verificaciones de documentos de viaje. Puede tratarse de una causa evaluada con anticipación como un gran acontecimiento deportivo – Juegos Olímpicos y Mundial de Fútbol – o por cuestiones imprevistas de orden público. Dentro de este segundo apartado, que se limita temporalmente, se encontraría la decisión francesa.

La raíz del problema, sin embargo, no sólo afecta a la posibilidad de volver a realizar controles fronterizos dentro de la UE. Francia, con el apoyo de numerosos países comunitarios como Alemania y Reino Unido, criticó abiertamente a Italia a principios de mes después de que anunciara que concedería permisos temporales a buena parte de los 26.000 tunecinos llegados a su costa desde principios de año. París no tardó en cumplir su amenaza y devolvió a Roma a cientos de inmigrantes que entraron en su territorio con la autorización expedida por el Ejecutivo de Silvio Berlusconi.

El Gobierno francés volvió a agarrarse a la normativa del espacio Schengen, que lleva este nombre en honor a la ciudad luxemburguesa donde fue rubricado, para rechazar a los expatriados tunecinos. Aunque la UE avaló que el documento italiano era perfectamente legal, también recordó que los permisos temporales no otorgan «automáticamente» el derecho de libre circulación por toda Europa. Los ciudadanos extracomunitarios también tienen que contar con una identificación, dinero suficiente para su subsistencia y no representar un peligro para el orden público.

País sobrepasado

Italia, que se declara sobrepasada por la avalancha migratoria procedente de Túnez desde la caída del régimen de Ben Ali, pidió que se repartieran por los Veintisiete los 26.000 ‘sin papeles’ llegados a su costa. Los socios comunitarios rechazaron la semana pasada la idea porque al tratarse de inmigrantes económicos no tienen derecho de asilo. Bajo esta premisa, instaron a Roma a repatriar a los clandestinos. El Gobierno Berlusconi montó en cólera y llegó a sugerir que debería abandonar la Unión ante la falta de solidaridad.