El 30% de los extranjeros afincados en Euskadi – 144.551 estaban empadronados el 1 de enero pasado – afirma haber sido objeto de insultos o comentarios de tinte racista. Y el 10% confiesa haber sufrido algún tipo de menosprecio o trato displicente en un servicio público (un ambulatorio, por ejemplo) o privado (en un establecimiento de hostelería). Así lo indica un estudio elaborado por la Dirección de Inmigración del Gobierno vasco, cuyo máximo responsable, Miguel González, invitó ayer en el Parlamento de Vitoria a los partidos, las instituciones y los ciudadanos a implicarse en un «pacto social por la inmigración» como respuesta «preventiva» a la reiteración del discurso xenófobo.

González acudió a la Cámara a petición del PNV para explicar lo que ha hecho el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales desde que SOS Racismo demostró hace unas semanas – en una experiencia realizada un sábado por la noche en Bilbao – que a los inmigrantes les discriminan de forma sistemática en muchos establecimientos de hostelería, donde tienen vetada la entrada por su etnia o por el color de su piel. El ‘test’ de la ONG – en otras capitales europeas se efectuaron pruebas similares el mismo día – constató que ocho locales de la capital vizcaína no dejaban pasar a los clientes magrebíes y tres, a los negros. «SOS Racismo puso de manifiesto algo que se sabía, pero que sale pocas veces a la luz pública», recalcó Miguel González, quien ha creado de un grupo de trabajo entre la Administración vasca, la Asociación de Hostelería de Vizcaya y el Ayuntamiento de Bilbao para buscar una solución.

El estudio del Gobierno vasco sobre los extranjeros, un amplio documento que todavía es provisional y del cual el director de Inmigración dio ayer algunas pinceladas, confirma que el racismo es una realidad incipiente en Euskadi a medida que la crisis se prolonga. Pero también advierte de que la percepción subjetiva del rechazo no es la misma en todos los grupos étnicos. Por ejemplo, el 20% de los magrebíes afirma haber padecido alguna discriminación en su relación con una administración pública o una entidad privada. Sin embargo, la proporción cae en otros grupos foráneos, particularmente los subsaharianos, entre los cuales solo el 6% se queja de haber sido tratado de malas maneras en un establecimiento público por su origen africano.

Frases despectivas

Respecto a los insultos y a los comentarios racistas – denunciados por uno de cada tres extranjeros – la reacción de los colectivos nacionales es diferente. El 16% de los inmigrantes originarios del norte de África y el 8,8% de los procedentes de países subsaharianos refieren haber escuchado una frase despectiva. Sin embargo, en esta manifestación xenófoba concreta, otros grupos étnicos alcanzan porcentajes más altos. Actualmente, la comunidad extranjera que más peso tiene en el padrón de Euskadi es la latinoamericana, si bien se enfrenta al creciente protagonismo de los europeos del Este ( los rumanos forman el colectivo más numeroso con más de 16.000 personas, seguidos de los marroquíes, con 15.000, y los colombianos, con 12.000).

Miguel González explicó ayer que el III Plan de Inmigración, cuya presentación fue reclamada por el PNV, debe tener en cuenta que la inmigración ha entrado en una nueva fase en el País Vasco que no gira sobre la acogida de los trabajadores venidos de fuera, sino sobre cómo conseguir «su igualdad real». En este sentido, el director de Inmigración anunció que en junio próximo su departamento organizará un seminario para abordar la discriminación en sus diferentes facetas, incluida la vinculada con el racismo.

El Gobierno vasco y los expertos en inmigración admiten que el discurso contra los extranjeros se escucha hoy con más frecuencia, si bien unos y otros resaltan que su contenido no ha variado esencialmente; sobre todo, el tópico de que los colectivos foráneos acaparan los servicios públicos. En los años sesenta, en pleno éxodo del campo a las ciudades, era habitual la queja de que los trabajadores procedentes de las comarcas rurales se hacinaban en viviendas y acaparaban los dispensarios médicos urbanos y los centros sanitarios, entonces menos equipados que ahora.