El Gobierno tiene previsto aprobar de forma «inminente» el nuevo reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería. Será en el Consejo de Ministros de hoy o, como muy tarde, en el que se celebre antes de Semana Santa, el próximo miércoles. Una de sus novedades es que se eliminará el amenazador expediente de expulsión que hasta ahora pendía sobre las sin papeles maltratadas que se decidían a denunciar a sus agresores.

El reglamento, pues, da a las víctimas de violencia de género una garantía adicional que no recoge la Ley de Extranjería en vigor. Esta norma, aprobada en 2009, establece que a las mujeres inmigrantes indocumentadas que denuncien a sus maltratadores se les abra un expediente de expulsión por su irregularidad, aunque luego ese expediente quede suspendido hasta la resolución del procedimiento penal.

El reglamento directamente eliminará la posibilidad de que se abra este expediente de expulsión.

Lo que ocurre es que una ponencia en el Congreso está abordando también esta cuestión. El pasado febrero, todos los grupos parlamentarios respaldaron una propuesta del PP para reformar la Ley de Extranjería con el fin de suprimir el temido expediente de expulsión, que disuade a las mujeres a la hora de denunciar. La ponencia sólo se ha reunido una vez, por lo que pueden pasar meses antes de que concluya la modificación de la norma.

Se da, así, la circunstancia de que el Gobierno cambiará el reglamento antes de que el Congreso modifique la Ley de Extranjería, a la que está supeditada este reglamento.

«En el reglamento no podemos ir más allá de la ley», declaró hace dos meses la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Anna Terrón, cuando se le preguntó por la posibilidad de que se suprimiera en este texto la citada orden de expulsión. «Cualquier modificación de la ley va a producir una necesaria modificación del reglamento», añadió.

Ayer, Terrón aseguró que «es correcto» introducir esta modificación. ¿Por qué ese cambio de posición en el Ministerio de Trabajo? «Interpretaciones jurídicas que nos hicieron posteriormente nos dijeron que cabía no incoar ese expediente de expulsión», respondió.

El PP denunció que «es una ilegalidad hacer un reglamento en contra de lo que dice su ley». El portavoz de Inmigración en el Grupo Parlamentario Popular, Rafael Hernando, vaticinó que «creará conflictividad jurídica», porque, hasta que no se cambie la Ley de Extranjería, este texto permitirá hacer una cosa y el reglamento otra. «Los policías, fiscales y jueces deben regirse por la ley, pero se encuentran con que el reglamento dice lo contrario. Es empezar una casa por el tejado; no tiene sentido, es un disparate».