La subdelegada del Gobierno en Álava, Gloria Sánchez, salió ayer al paso de las declaraciones que la abogada penalista Amparo Banqueri vertió el miércoles en EL CORREO al denunciar las expulsiones «ilegales» de mujeres senegalesas en la provincia. Aspecto que Sánchez negó tras recalcar que Álava no ha «participado en este procedimiento»

Banqueri desveló el caso de Lola Musa, detenida en Vitoria e ingresada en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche para ser expulsada. Según la letrada, son tres las razones contrarias al decreto de expulsión. En primer lugar su arraigo a la ciudad, después su denuncia de malos tratos por parte de su pareja, ya que el nuevo reglamento establece que «toda mujer extranjera en situación irregular que denuncie situaciones de violencia de género no será expulsada del Estado Español». La caducidad del citado decreto sería la tercera razón de peso.

Cuestiones que Sánchez rechazó por completo. Primero porque, al parecer, la mujer no tenía concedido el arraigo. «Lo pidió en 2005 y 2007 en Madrid y se lo denegaron; hace tres años vino a Vitoria y no lo volvió a pedir. Puedes estar mucho tiempo en un sitio, pero si no tienes una resolución de arraigo, estás irregular. Para pedirlo debes acreditar contrato laboral de un año e incorporarte al mercado de trabajo».

En cuanto a los malos tratos, Sánchez reconoció que, en caso de existir, «se tramitan los papeles de residencia». Pero en este caso concreto, «el escrito sobre violencia de género que ella presentó no tenía los sellos oficiales y el juez no lo consideró lo suficientemente probado. El expediente es perfectamente correcto», zanjó.