El Gobierno defiende el uso de estas prendas porque así lo establece nuestro ordenamiento jurídico. Según una respuesta parlamentaria a IU, la ley «recoge los instrumentos para dar una respuesta adecuada al uso del velo en los espacios públicos, de manera equilibrada entre la igualdad, la libertad y la seguridad». Además, en el anteproyecto de la Ley de Igualdad de Trato, se establece que los centros educativos que discriminen por motivos religiosos a los alumnos no podrán acceder a ayudas públicas.

En cambio, el PP de Cataluña y las asociaciones de mujeres han luchado en los últimos meses para su eliminación. El PP ha instado al Senado y a la Generalitat a prohibir estas prendas porque tienen «una clara connotación criminalizadora y discriminatoria para la mujer». Por su parte, la Federación de Mujeres Progresistas y la Asociación de Mujeres Juristas Themis consideran que «las autoridades deberían perseguir a quienes obligan a las mujeres a ponerse un velo integral y no a éstas por llevarlo».

Las últimas polémicas se han producido en Madrid y Cataluña. En abril de 2010, el instituto Camilo Jósé Cela de Pozuelo de Alarcón (Madrid) negó la entrada al centro a Najwa Malha, de 16 años, por llevar la cabeza cubierta con el hiyab. El caso de Pozuelo es uno más desde que en 2002, un colegio de San Lorenzo del Escorial prohibiera el acceso a una alumna por el mismo motivo. A nivel municipal, Lérida se convirtió en febrero de 2010 en el primer municipio en prohibir el burka y el niqab en el Ayuntamiento. Tarragona, Reus, Cunit y Barcelona siguieron su ejemplo.