esta vez ha sido el Consejo Económico y Social vasco el que ha encendido la luz de alarma sobre las graves consecuencias que va a acarrear el envejecimiento de la población de cara a la cualificación de la mano de obra y al sostenimiento del Estado del Bienestar. El organismo que preside Juan María Otaegui urgió ayer a las instituciones a poner en marcha medidas transversales que eviten este proceso de envejecimiento ante lo preocupante de los datos y porque ningún organismo público (ni de la CAV ni del Estado) está abordando este asunto en su integridad. El informe prevé que hasta el año 2020 continuará creciendo el segmento de la población vasca por encima de los 64 años en un 22,7%, mientras que el sector entre 16 y 64 años disminuirá en un 4%. Además, las tasas de natalidad, aunque se recuperarán algo, permanecerán bajas, por lo que solamente la inmigración y las políticas de fomento de la natalidad pueden contribuir a rejuvenecer el conjunto. El CES órgano consultivo que trata de conjugar los intereses económicos y sociales en la política económica del País Vasco apuesta, así, por considerar a la población emigrante no ya como una carga sino un factor de desarrollo en la medida en la que son un “capital humano de gran valor”, afirmación que debería ser tenida en cuenta para contrarrestar las dificultades que tienen estas personas a la hora de legalizar su situación en el Estado español. Pero es en las llamadas políticas demográficas (mal llamadas natalistas) donde este organismo incide a la hora de exigir una apuesta firme de las administraciones para rejuvenecer la media de edad de la población, un objetivo que requiere de medidas de conciliación, de una apuesta clara por la empleabilidad de las mujeres, los servicios sociales y las ayudas que hagan posible que el objetivo de tener hijos no sea una odisea, cuando no, un objetivo aparcado sine díe. Llama la atención que, de la lectura más o menos preocupante de los estudios demográficos, los responsables políticos no sean capaces de profundizar en el significado de los datos para perfilar una política de familia que haga posible que la decisión de tener descendencia no se penalice, en especial a las mujeres, que son las que ponen en riego su proyección laboral. En tiempos de crisis puede parecer una entelequia plantear estas cosas, pero se trata de cimentar la sociedad del futuro.