La población de 65 años o más experimentará para 2020 en Euskadi un notable incremento cifrado en 110.000 personas, lo que supondrá pasar de un peso relativo de este grupo de edad sobre la población total del 8,5% en 2005 a un 22,5% en 2020. Dicho con otras palabras, el envejecimiento de la sociedad vasca va a provocar en el futuro serias dificultades en el estado del bienestar.
Otro dato. Por cada cien personas potencialmente activas había en 2008 en el País Vasco 48 personas dependientes, y entre ellas predominaban las que tenían más de 64 años de edad. Desde entonces la cifra de dependientes ha aumentado impulsada por las mejoras en la atención sanitaria. Lo que significa que cada vez menos personas deberán cuidar a más.
Las repercusiones del progresivo envejecimiento de la población vasca son el objeto del estudio ‘El impacto económico y social den la CAV de la evolución demográfica prevista’ que el Consejo Económico y Social (CES) presentó ayer en Bilbao. El informe analiza los efectos que las perspectivas demográficas tendrán en el mercado de trabajo, el sistema de pensiones, la salud y el sistema sanitario, la dependencia y los servicios sociales así como el sistema educativo.
El estudio parte de la base de una realidad estadística. Las proyecciones para 2020 prevén una fuerte disminución del grupo de edad entre 16 y 64 años (-4%) y un crecimiento del 22,7% en los mayores de 64. Este envejecimiento provocará que en la próxima década haya en Euskadi entre 60.000 y 70.000 personas menos en edad de trabajar, lo que causará problemas de relevo generacional y de gestión del factor humano en las plantillas de las empresas.
Para abordar esta más que anunciada situación, el CES considera indispensable dar «una respuesta global, concreta y transversal, algo que, hasta el momento, no se ha hecho ni en el Estado ni en la CAV». Por eso, aboga por definir una «estrategia integral y a largo plazo para hacer frente a los efectos» de las perspectivas demográficas que amenazan con hipotecar nuestro futuro.
En esta estrategia el CES concede un puesto relevante a la inmigración, que «tendrá un papel clave en el ajuste del volumen de la población activa». «Si no se produjese un flujo migratorio positivo importante en los próximos años, la reducción de la población potencialmente activa sería todavía más acusada (120.000 personas hasta 2020), sostiene el estudio, que incide también en la importancia de mejorar la cualificación profesional de los trabajadores de origen extranjero, ya que ocupan mayoritariamente «puestos de bajo nivel».
El CES considera que el envejecimiento de la población sólo se podrá paliar a medio plazo con la afluencia de inmigrantes y, a más largo plazo, con una política dirigida a fomentar la natalidad. Según el organismo consultivo presidido por José María Otaegui, «los planes de apoyo a las familias que el Gobierno Vasco viene desarrollando desde 2002 no se han mostrado eficaces como herramientas para aumentar el número de hijos que tienen las familias vascas». De la misma manera, añade, «las ayudas a la conciliación únicamente permiten, a fecha de hoy, perpetuar el modelo de reparto de tareas en el hogar, ya que son utilizadas prácticamente sólo por las mujeres».
Para fomentar la natalidad el CES defiende implantar, entre otras, «medidas efectivas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, con un enfoque estratégico que pueda contribuir a modificar la pirámide de población en unos años».
Otra de las propuestas del consejo es la de «aumentar la tasa de empleo en general y, más específicamente, la de las mujeres y los mayores de 55 años», para «contrarrestar el impacto del envejecimiento en el descenso de la población activa». Para lograrlo, plantea poner en marcha «medidas que fomenten el adelanto de la entrada de los jóvenes al mercado de trabajo y la integración laboral de las personas inmigrantes, que representan un capital humano de gran valor».
Sistema de pensiones
Más población y más trabajadores llevan directamente a hablar de un sistema de pensiones que en un futuro próximo, y si nadie lo remedia, estará marcado por un incremento del gasto y una disminución de los ingresos por cotización. «Incluso en los escenarios más favorables de evolución demográfica y económica emergen dificultades y tensiones fuertes sobre los presupuestos públicos», dice el estudio.
El CES asegura que «es ineludible llevar a cabo una reflexión sobre la sostenibilidad del Estado del Bienestar en general y del sistema de pensiones en particular». Si las instituciones no se enfrentan a este reto, se corre el riesgo de no poder evitar que «haya dificultades crecientes para el mantenimiento del nivel de bienestar de las personas mayores» y de que se extienda el peligro de «agravamiento de los niveles de pobreza en las capas de población de edad más avanzada».
En su informe, el CES también aboga por asegurar la «sostenibilidad, eficiencia y calidad» del sistema sanitario, cuyo gasto seguirá creciendo en los próximos años. El consejo, que rechaza acudir al copago, es partidario de aplicar medidas de prevención y educación sanitaria para disminuir la tasa de incidencia de las enfermedades crónicas y reducir el gasto farmacéutico y de atención sanitaria.
En materia de servicios sociales, el estudio recomienda que lideren un nuevo enfoque «preventivo e integral» atendiendo a la lucha contra la pobreza, las condiciones del propio hogar, o el conocimiento y manejo de las nuevas tecnologías en las relaciones sociales.
Y en el mundo educativo, el organismo pide que se persiga el objetivo de promover y favorecer la consecución de titulaciones superiores, con especial atención al área de ciencia y tecnología.