El informe anual del Defensor del Pueblo, entregado ayer al Congreso y al Senado, critica con crudeza la polémica circular 1/2010 de la Comisaría General de Extranjería de la Policía que da luz verde a los policías a hacer redadas indiscriminadas de inmigrantes irregulares y que el Ministerio del Interior, a pesar de las críticas de abogados y sindicatos, se ha negado a modificar o a matizar. La institución que dirige María Luisa Cava de Llano asegura que el «desorden», la «ambigüedad» y la «confusión» de conceptos en las órdenes dictadas por Interior «podrían favorecer la práctica de detenciones masivas». La controvertida circular, de 25 de enero de 2010 y que lleva la calificación de «secreta», ordena a los policías la «detención preventiva» de cualquier inmigrante, documentado o no, que no pueda demostrar en el momento su situación regular. Cava reconoce que la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana obliga a cualquier persona a tener documentos que acrediten su identidad, pero no a que éstos sean españoles que «acrediten la legalidad de su estancia». COLPISA