El Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche es uno de los nueve que hay en España. Como los demás, el artículo 62 de la Ley de Extranjería lo considera un «centro de internamiento de carácter no penitenciario». Eso quiere decir que ni es una cárcel ni sus habitantes son presos. Al menos legalmente.

La Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha publicado un informe el pasado mes de febrero sobre los CIE de España.

Uno de los datos que más llaman la atención es que el Ministerio del Interior no facilita datos oficiales sobre el número de internos ni su destino una vez acabada la estancia allí.

El plazo máximo de internamiento actualmente es de 60 días. En ese plazo, los inmigrantes sin papeles debe ser expulsados de España. Si eso no se hubiera producido, el extranjero debe ser puesto en libertad, con independencia de cómo esté el procedimiento de su expulsión. El CIE de Madrid antes estaba en el complejo policial de Moratalaz, y sus instalaciones eran muy viejas y pequeñas. Casi no cabía gente y además las condiciones eran muy malas. Por eso se construyó el de Aluche, junto al nuevo edificio para la comisaría del distrito de Latina y la sede de la Brigada de Extranjería.

El de Aluche, inaugurado en 2005, cuenta con unas 170 plazas, módulos de hombres y mujeres, y unas instalaciones mejores. Desde su inauguración está habitualmente lleno, rozando casi el desbordamiento.

El Ministerio del Interior no facilita datos, pero según el informe de la asociación mencionada, la Secretaría de Estado para Interior sí los dio en una ocasión como respuesta a una pregunta parlamentaria, aunque las cifras eran de 2009: 3.564 hombres internados, 710 mujeres; en total, 4.274 inmigrantes detenidos en el CIE; 2.331 fueron expulsados, 226 liberados por cumplirse el plazo máximo de estancia y 1.717 puestos en libertad por otras causas. Después del centro de Algeciras, el de Madrid es el que más internos tuvo. La asociación denuncia que si la mitad de los internos salió libre «la privación del derecho de la libertad de las personas no estuvo justificada».

Resulta difícil pensar que este centro no es penitenciario al ver sus rejas, celdas, horarios de visita, salidas al patio, etc. Pero legalmente no lo es. El mayor problema denunciado por muchas asociaciones es que no está muy clara la regulación de los CIE en España, como sí está el de las cárceles, y eso puede dar pie a ligerezas por parte de la Administración.