Mas allá de las reivindicaciones y denuncias que en torno al 8 de marzo se hacen estos días, me fijo hoy en la situación, desconocida por la mayoría de la sociedad, de las trabajadoras del hogar; más de 40.000 empleadas en Hego Euskal Herria de las que menos de la mitad están dadas de alta en la Seguridad Social, el 55% son extranjeras y gran parte de ellas, sin papeles. Carecen de convenio colectivo, no tienen prestaciones de desempleo y reciben una pensión media de 490 euros, dependiendo de si han podido cotizar o no.

Y todo ello, porque siguen estando fuera del Régimen General de la Seguridad Social. Siguen padeciendo un régimen especial, el del Hogar, creado en las postrimerías del franquismo, cuando el patrón marcaba que las mujeres eran personas de segunda categoría que debían casarse y ser económicamente dependientes del marido. Y la regulación vigente, fruto de un decreto de 1985, solo ha servido para dar carta blanca a una serie de situaciones radicalmente injustas: falta de contrato escrito, salarios ínfimos, despido libre o jornadas interminables. Para más bochorno, la reforma reciente de las pensiones, impulsada por el Partido Socialista, y que previsiblemente será avalada por el PNV, endurece todavía más los requisitos de acceso y la forma de calcular las pensiones.

Una realidad vergonzosa y vergonzante que urge cambiar. En este sentido está por ver si en el Congreso de Madrid sale adelante la iniciativa presentada por Nafarroa Bai, aunque ya ha señalado el Partido Socialista que no se recogerá una de las reivindicaciones centrales: percibir prestación por desempleo. En el mejor de los casos, se calcula que la plena equiparación con el régimen general no se produciría hasta pasados entre 7 y 10 años.

El Parlamento vasco también ha debatido sobre esta cuestión en varias ocasiones. En la última de ellas se aprobó por unanimidad una proposición no de ley que instaba al Gobierno vasco a elaborar un estudio específico sobre la situación de las empleadas de hogar en Euskadi y a que se impulsase la intermediación de los servicios públicos de empleo en el empleo doméstico, una vez materializada la transferencia de las políticas activas de empleo. Hoy es el día en que el Gobierno de López ni siquiera ha hecho el estudio; no ha cumplido con el mandato parlamentario. Por todo ello Aralar quiere insistir y avanzar sobre esta cuestión ante la inacción del Gobierno socialista, también en este tema.

Es necesario que Lanbide haga un esfuerzo especial para atraer el empleo doméstico, de tal manera que su labor de gestión e intermediación sea referente en este ámbito y tenga un efecto tractor en la mejora global de las contrataciones y las condiciones laborales. Para poder cumplir este objetivo prioritario con la efectividad necesaria, pedimos que se creen, dediquen y desarrollen los medios especiales necesarios, tanto personales como materiales. También es imprescindible que la inspección laboral en este ámbito sea una realidad. No puede ser que el trabajo doméstico, bajo la excusa de que se desarrolla en un ámbito privado, no tenga ningún seguimiento por parte de las instituciones públicas, posibilitando así los consiguientes abusos que se dan en este sector: un trabajo sin horarios, sin seguros, sin vacaciones, sin días libres en muchas ocasiones… llegando, en los casos más extremos, a situaciones parecidas a la esclavitud.

Por todo ello hay que poner fin a todas estas situaciones estableciendo una labor de inspección y control global, sistemática y permanente, especialmente en lo referente a la actividad de las agencias de colocación, y con el fin de garantizar que los contratos y las condiciones laborales cumplan la legislación vigente. Y obviamente eso se tiene que desarrollar en contacto y colaboración con los colectivos y grupos que defienden sus derechos y reivindicaciones.

Creemos que estas peticiones son justas, oportunas y merecen el apoyo de todos los grupos, pues supondría dignificar el sector de las empleadas del hogar. Este es un campo de prueba real para Lanbide y el Partido Socialista. Si realmente quieren mejorar las condiciones laborales de los sectores más desfavorecidos, que siguen teniendo cara de mujer, tienen la oportunidad de dar pasos en esa dirección con una gestión eficaz de Lanbide. Así podremos ver si, como decía defender el lunes el Partido Socialista, «la crisis no puede ser la nueva excusa que detenga el avance hacia la igualdad», o estamos nuevamente ante un reclamo meramente electoral de cada 8 de marzo.