El Departamento de Interior del Gobierno vasco sancionó el pasado septiembre a una discoteca bilbaína con 3.000 euros por no permitir la entrada de inmigrantes. El expediente fue abierto por unos hechos denunciados en febrero de 2010.
Los portavoces consultados en el departamento que dirige Rodolfo Ares subrayaron ayer que el derecho de admisión se encuentra regulado por la Ley vasca de Espectáculos públicos y que se rige por el principio de «la no discriminación». El incumplimiento de esta norma supone una «infracción grave» que deberá ser sancionada por la Administración competente. En este sentido, los mismos medios recalcaron que el Ejecutivo autonómico sólo tiene la potestad para expedientar a los locales con un aforo superior a las 700 personas. En el caso de los pubs que denegaron el acceso a los jóvenes inmigrantes durante la madrugada del pasado sábado indicaron las mismas fuentes la responsabilidad residiría en el Ayuntamiento de Bilbao.
Este periódico también se puso en contacto con la Fiscalía para conocer su opinión de los hechos. Los medios consultados explicaron que «a día de hoy» no han recibido «ningún tipo de denuncia» y explicaron que por ahora tampoco han decidido abrir una investigación de oficio, aunque reconocieron que las indagaciones podrían abrirse próximamente. No obstante, desvelaron que un Juzgado de Instrucción investiga unos hechos similares en Getxo. Por su parte, portavoces del Ararteko declinaron realizar declaraciones ya que los bares son «entidades privadas».