SOS Racismo mantendrá hoy mismo reuniones con la dirección de Inmigración del Gobierno vasco y la federación de hosteleros de Euskadi para abordar el problema de la discriminación en algunos bares de copas de la comunidad. La organización internacional solicitará además un encuentro con representantes de la Fiscalía, a la que también pedirá que intervenga. Y, por último, además de las quejas que se tramitarán ante la oficina de Consumo del Ejecutivo autonómico, la asociación se plantea adoptar «medidas legales» contra los pubs bilbaínos que «más agresivos» se mostraron durante la madrugada del sábado cuando los inmigrantes a los que se denegó la entrada solicitaron la hoja de reclamaciones.

EL CORREO acompañó a SOS Racismo en un recorrido de varias horas por una decena de locales nocturnos de la capital vizcaína. Divididos en grupos de distintas razas, lo que se pretendía era medir las reacciones de los encargados de los establecimientos ante cada uno de ellos. La prueba, que se realizó de forma casi simultánea en 16 ciudades europeas, concluyó con que ocho de los nueve locales examinados demostraron algún tipo de discriminación hacia magrebíes, negros y latinos. June Fernández, integrante de la organización en Vizcaya, recordó ayer que muchos de los participantes habían sido ya «víctimas» de actitudes xenófobas y recalcó que no persiguen «extender» las denuncias «a todos los bares» de la capital. En este sentido, consideró que es más importante realizar «campañas de sensibilización» en este tipo de locales y conseguir que la Policía «levante atestados en el mismo lugar de los hechos» sin necesidad de acudir a una comisaría.

Los resultados del ensayo suscitaron ayer una fuerte polémica entre instituciones y partidos. El director de Inmigración del Gobierno vasco, Miguel González, subrayó que la prueba, «sin ser generalizable», permite extraer unas conclusiones que «merecen ser tenidas en consideración» ya que, según recordó, el derecho de admisión no ampara la discriminación racial. Por eso, anunció que han comenzado a recabar información y analizarán «todos los casos» para «garantizar que no se producen discriminaciones».

La responsable del área de Igualdad del Ayuntamiento de Bilbao, Nekane Alonso, aseguró que la información publicada ayer por este diario es «demoledora», pero quiso recalcar que la capital vizcaína es una ciudad «tolerante». Alonso también se mostró «sorprendida» por el hecho de que se haya elegido Bilbao para hacer esta prueba «cuando hay otras localidades con mayor porcentaje de inmigración».

Hosteleros «indefensos»

El presidente de los hosteleros vascos, Ángel Gago, reconoció que si se confirman los hechos los hosteleros que no dejaron acceder a inmigrantes a sus locales «deben pagar» por ello. Ahora bien, Gago no dudó en denunciar la «situación de indefensión» en la que se encuentran «muchos» profesionales que, según dijo, «sufren numerosos robos o altercados» en sus negocios pero que «no encuentran respuestas» en el marco judicial. El responsable de los hosteleros pidió, asimismo, una «reflexión sobre el hecho de que el 80% de los delitos sean cometidos por el 10% de la población».

A nivel político, la parlamentaria del PNV Nerea Antia afirmó que se trata de un caso «inadmisible», pero recalcó que no se trata de un «estudio exhaustivo». La representante del PSE, Teresa Laespada, mostró su «condena absoluta a las discriminaciones» y abogó por trabajar codo con codo con los hosteleros. Leopoldo Barreda, del PP, apuntó que «no se debe generalizar», pero insistió en que no se pueden admitir «planteamientos excluyentes en función de la raza». Juanjo Agirrezabala, portavoz de EA, dijo que Euskadi «tampoco es inmune» a la intolerancia y Vicente Silva, de EB, apuntó que la prueba de discriminación evidencia el «fracaso colectivo» de la sociedad en las políticas de integración».