El año pasado arremetieron contra los Ayuntamientos que prohibieron el uso del velo integral – el burka y el niqab – ; ayer los mediadores culturales, expertos y entidades en defensa de los derechos de los inmigrantes se frotaron los ojos tras el anuncio de la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, de que quiere regular el uso de estas prendas, de presencia testimonial en Cataluña.

“No sabemos cómo afrontará la Generalitat esta regulación, pero es un debate tramposo que solo criminaliza al colectivo”, resumió la entidad SOS Racisme, que destacó lo “absurdo” de elaborar una normativa que afecta a una veintena de mujeres en toda Cataluña, según cálculos a los que ha tenido acceso la asociación. “Una prohibición generalizada sería oportunista y desaconsejable”, reiteró el centro de diálogo interreligioso Unescocat, entidad que dispone de mediadores culturales que trabajan sobre el terreno con colectivos musulmanes con problemas de integración. “¿Qué ha ocurrido en los Ayuntamientos que regularon el velo integral? No han eliminado el problema”, advirtieron.

Los principales Consistorios que han prohibido el burka – Lleida, Tarragona y Reus – no han impuesto sanciones porque no han detectado ningún incumplimiento. Tampoco tienen el menor indicio de que la norma haya reducido el uso de estas prendas, mínimo en estos municipios, ni haya alentado la dignificación de las musulmanas, argumento usado entonces por los alcaldes que ahora vuelve a esgrimir la Generalitat.

La prohibición levanta otras dudas jurídicas: el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha suspendido cautelarmente la ordenanza de Lleida porque puede comportar perjuicios para las usuarias de estas prendas.