pamplona. Daniela Nita (Rumanía), Jackelline Mancilla (Bolivia), Nadya Laouini (Marruecos) y Lucy Mutuba (Kenia) dieron ayer voz a cientos de mujeres inmigrantes que trabajan en el sector de servicio doméstico en condiciones de precariedad absoluta. Ellas fueron las encargadas de solicitar ayer a los grupos parlamentarios representados en la comisión de Presidencia su mediación para exigir al Gobierno foral que garantice un convenio, “un salario y unas condiciones laborales dignas”, así como el “derecho efectivo a coger la baja médica y un empleo que permita compatibilizar la vida personal y laboral”. Exigieron también que se revise los contratos de trabajo de empleo de hogar tramitados por ETTs y, a su vez, que se apoye una posible modificación del Real Decreto 1424/1985 por el que se regula el Servicio del Hogar Familiar.

La asesoría jurídica para la población inmigrante Etorkin (calle Jarauta 83), vinculada a la Fundación Gizakia Herritar (París 365), trasladó al Parlamento la problemática de este sector a través del relato de cuatro nacionalidades. Según expuso Félix Esparza, se estima que en Navarra hay alrededor de 5.540 mujeres inmigrantes expuestas a esta diana laboral, “mayoritariamente trabajando en la economía sumergida y, en muchos casos, sin papeles”. Las asociaciones de empleo del hogar consideran que un 65% de estas trabajadoras se encuentran en la economía sumergida. Esparza señaló que han sido muchas las mujeres inmigrantes que les han trasladado sus problemas laborales como “vínculo necesario a sus condiciones de solicitud de arraigo, de cotización para no perder la tarjeta de trabajo y residencia, de problemas de reagrupación familiar para las empleadas de hogar internas o de despidos por embarazo o solicitud de un contrato de trabajo o incluso por solicitar el pago de su salario”. “Casos de agresiones verbales, físicas y psicólogicas nos llevaron a realizar un convenio de colaboración con el grupo de Psicólogos Sin Fronteras de Navarra”, dijo. Por otro lado, la crisis económica ha afectado a estas mujeres en una doble dirección. Han pasado a ser, por la pérdida de trabajo de sus parejas, el único ingreso de ese núcleo familiar. Por otro lado, la disminución o congelación de salarios a las que sustituyen en estas labores de cuidado doméstico, se traduce en menor cantidad de salario por, en muchos casos “el mismo número de horas de trabajo”.

Daniela relató la situación de una mujer sudamericana de 47 años que trabaja como empleada interna en una casa en la Rochapea. En casi dos años de trabajo no ha disfrutado de derechos laborales, ni un día de libranza a cambio de 450 euros, soporta los gastos de comida y comparte habitación con la señora que cuida. También Jackelline destacó, entre otras dificultades que sufren las empleadas del servicio doméstico, “los problemas psicológicos, retrasos en salario e impagos, vacaciones y festivos que no se respetan, sábados y domingos que no se pagan”… Lucy, de 24 años, trabajó como interna en dos casas cuidando a ancianos de 90 años con un sueldo de entre 700 y 800 euros; de lunes a domingo, librando apenas unas horas los fines de semana y sin Seguridad Social. Nadya por su parte presentó el caso de una chica marroquí que con 19 años trabajaba de lunes a viernes a cambio de 400 euros.