Así lo determina el borrador del Reglamento de la Ley de Extranjería tras ser modificado la semana pasada a propuesta de la Mesa de Diálogo Social, que lo analizó como parte del proceso de audiencia pública que sigue el texto antes de su aprobación definitiva. Según un documento del Ministerio de Trabajo e Inmigración, el cálculo de ingresos de al menos 800 euros significa que el inmigrante en cuestión deberá ganar un 150 por ciento del IPREM, el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, que se utiliza como referencia para la concesión de ayudas, becas, subvenciones o el subsidio de desempleo entre otros y que en 2011 está fijado en 532 euros mensuales. El solicitante deberá, asimismo, acreditar «de forma indubitativa» su capacidad y perspectivas de mantener este nivel de ingresos por al menos un año tras la solicitud y mostrar la evolución de sus medios económicos a lo largo de los últimos seis meses.

«El borrador nunca ha pretendido que se deba acreditar contar efectivamente con un contrato de un año de duración o con ingresos garantizados durante ese periodo, sino evitar que el requisito de contar con unos determinados medios económicos quede entendido como que el reagrupante deba tener la cuantía mensual en el momento de la solicitud, sin que haya una mínima perspectiva de que dicha situación continuará a futuro», explica el documento para justificar la modificación.

Los cambios introducidos por la patronal y los sindicatos en el texto del borrador de Reglamento también incluyen detalles sobre la posibilidad de cambiar el primer alta en la Seguridad Social por un empleador distinto al que solicitó la autorización. La ampliación del periodo de publicación de ofertas de trabajo de temporada y la participación de la patronal en los procesos de selección de trabajadores en origen son otros de los asuntos recogidos por la Secretaría de estado de Inmigración y Emigración a propuesta de la Mesa de Diálogo Social.