Son apenas dos párrafos, un puñado de líneas con el sello del Consejo de Europa para zarandear al Gobierno español e instarle a que solucione la situación de los 20 indios indeportables que llevan casi cuatro años repartiendo su miseria entre un monte y un centro de inmigrantes de Ceuta. «El Consejo exhorta a las autoridades a que busquen una solución para los no ciudadanos que permanecen en Ceuta y Melilla [seis bangladesíes en el momento de redactar el documento], una vez rechazadas sus solicitudes de asilo, pero que no pueden ser deportados».

Lo dice el cuarto informe sobre nuestro país elaborado el 7 de diciembre de 2010 por la Comisión contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa y publicado oficialmente el pasado día 8 de febrero. Entre los cientos de puntos que aborda la Comisión, el 197 y el 198 se ocupan de esos inmigrantes acampados en un limbo legal que ni les expulsa a su país ni les regulariza en el nuestro, pese a que llevan en España el suficiente tiempo para el arraigo, tienen ofertas de trabajo en la Península o pueden ser considerados «grupo vulnerable».

La Comisión expresa su «preocupación por la situación prolongada de esas personas» y apunta pistas sobre alguna de las razones que la pueden explicar: «No se imparte formación específica [a las autoridades fronterizas y a las fuerzas del orden público en Ceuta y en Melilla] sobre la manera de llevar a cabo una entrevista de asilo. La carencia de formación y las deficiencias de procedimiento inciden en la calidad del procedimiento de asilo y tienen consecuencias para la decisión sobre la admisibilidad de la solicitud de asilo». Y en el siguiente punto, la Comisión suelta las consecuencias: «Si la solicitud se considera admisible, el solicitante es trasladado a un centro de acogida en la Península española. Si es denegada, la persona podría permanecer en las ciudades de Ceuta y Melilla varios años en espera de su deportación».

Así están y siguen los 20 indios cuya historia moviliza desde hace años a los colectivos humanitarios, los medios de comunicación y hasta a los vecinos de Ceuta. La penúltima acción es la carta firmada por casi 2.000 personas que ha invadido el correo de la Secretaría de Estado de Seguridad, un texto que pide el traslado a la Península y la regularización de los indios.

A esta medida de protesta popular se suma la concentración que el próximo viernes protagonizarán los 20 inmigrantes en la plaza de los Reyes de Ceuta ante la Delegación del Gobierno. En ese acto se pedirá que el Ejecutivo responda a la Comisión Europea y se solicitará una reunión con el delegado del Gobierno en Ceuta, José Fernández Chacón. No irán con las manos vacías. Llevarán las 2.000 firmas de la carta y los apoyos recibidos para su causa, como los de la Diócesis de Cádiz y Ceuta, que pide una solución humanitaria y legal para estos desheredados del siglo XXI.