¿Vic? Como siempre. En su bucle de líos a cuenta de la inmigración. Un año después de que concluyera la crisis desatada por la intención del ayuntamiento de negar el empadronamiento a los extranjeros sin papeles, el consistorio de la capital de Osona volvió a enredarse ayer en su tema favorito.

Por la mañana aprobó con los votos a favor del equipo de gobierno formado por CiU (ocho regidores), PSC (cuatro) y ERC (dos) una moción en la que reclama a Generalitat y Gobierno que clarifiquen respectivamente en el desarrollo de la ley de acogida y en el inminente reglamento de la ley de extranjería qué condiciones deben evaluarse en los informes municipales para los procesos de arraigo y reagrupación familiar de inmigrantes y que los dictámenes de los ayuntamientos sean vinculantes. Los socios solo habrían parecido más unidos si en el pleno hubieran exclamado “todos para uno y uno para todos”.

Pero por la tarde hubo un combate CiU y PSC versus ERC en toda regla. El grupo municipal independentista emitió una nota en la que se ponía la medalla de que Vic se hubiera sumado a la moda de las propuestas sobre extranjería con menos agresividad que Salt, L’Hospitalet y Lleida, ayuntamientos que han aprobado mociones en las que demandan potestad para vetar a los inmigrantes incívicos.

La respuesta de nacionalistas y socialistas no se hizo esperar. “Queremos expresar nuestra perplejidad tanto ante un intento de apropiarse políticamente de una acción que corresponde al gobierno municipal en su conjunto como ante un acto de deslealtad tan notorio”, dijeron.

La moción aprobada a pesar de los votos en contra de PxC (cuatro ediles), CUP (dos) e ICV (uno) insiste en que en Vic impera la “buena convivencia”. Menos entre el equipo de gobierno, quizá debería añadir.