El Ayuntamiento de Vic (Osona) ha aprobado una moción en la que pide que los informes municipales sobre arraigo y reagrupamiento familiar de inmigrantes tengan carácter “vinculante”, para así poder “certificar” que se dan las condiciones y requisitos mínimos para que el proceso sea legal.
La moción ha sido aprobada en el pleno por el equipo de gobierno, integrado por CiU (8 concejales), PSC (4) y ERC (2), con el rechazo de los partidos de la oposición, la xenófoba Plataforma per Catalunya (4), ICV (1) y los independentistas de la CUP (2).

El texto reclama al Gobierno que los informes que actualmente ya emiten los ayuntamientos en los trámites de arraigo y de reagrupamiento familiar tengan carácter vinculante para todas las administraciones públicas en los casos en que sean desfavorables. “Los ayuntamientos se deben considerar como las administraciones con mayor capacidad para certificar la realidad de su entorno, y con estos efectos han de participar activamente en los procesos de acogida y arraigo de la nueva ciudadanía”, subraya la moción.

En la misma línea, el consistorio pide a la Generalitat que, a la hora de desplegar la ley de acogida, establezca cuáles deben ser los “requisitos mínimos” de los certificados y de los informes municipales correspondientes. También solicita que la Generalitat aclare qué bases de datos podrán consultar los ayuntamientos para emitir un documento con carácter probatorio sobre inmigración, sin “prescindir” del consentimiento personal cuando sea necesario.

La moción plantea igualmente a la Generalitat que prevea el carácter vinculante para todas las administraciones públicas como uno de los “requisitos mínimos” de los certificados y de los informes municipales oficiales correspondientes. Reclama, además, que estos informes sean válidos en los procesos de arraigo y reagrupamiento “para garantizar una aplicación armónica” de la ley de acogida y evitar que los requisitos previstos por la legislación catalana “sean vulnerados en procesos de otras administraciones”.

Aumento de la población de origen foráneo

Vic es una localidad históricamente ligada a la industria cárnica y que se mantuvo impermeable a la ola de inmigración de los años 60 y 70 de personas procedentes del resto de España. Sin embargo, en la última década, Vic -que cuenta con unos 40.000 habitantes- ha acogido a gran cantidad de nuevos inmigrantes, en su mayoría musulmanes, atraídos por la amplia oferta de trabajo en las explotaciones ganaderas, lo que ha disparado la población de origen foráneo del 6% al 25%.

En los últimos años, tras la irrupción precisamente en Vic de la xenófoba Plataforma per Catalunya (PxC), la inmigración ha centrado el debate político en esta población, que se ha convertido en punta de lanza de algunas medidas controvertidas sobre esta cuestión. Precisamente, hace poco más de un año el pleno del Ayuntamiento de Vic aprobó una normativa que impedía inscribir en el padrón a los inmigrantes que no dispusieran de permiso de residencia, escudándose en la ley de extranjería.

Finalmente, tras una tormenta política, el consistorio decidió dar marcha atrás y acató un informe de la Abogacía del Estado que desvinculaba los permisos de residencia y trabajo del derecho a empadronarse y a obtener así las prestaciones sociales básicas.