La moción salió adelante con los votos a favor del equipo de gobierno, formado por CiU, PSC y ERC. En contra se posicionaron dos partidos tan dispares como ICV y la xenofoba Plataforma per Catalunya. El redactado definitivo insta a las administraciones competentes a esclarecer qué requisitos mínimos tienen que incluir los informes municipales sobre arraigo y reagrupamiento y que éstos pasen a ser vinculantes en caso de ser desfavorables.

«Los Ayuntamientos se deben considerar como las administraciones con mayor capacidad para certificar la realidad de su entorno, y con estos efectos han de participar activamente en los procesos de acogida y arraigo de la nueva ciudadanía», subraya el texto.En la misma línea, el consistorio también pide a la Generalitat que, a la hora de desplegar la Ley de Acogida, establezca cuáles deben ser los «requisitos mínimos» de los certificados y de los informes municipales correspondientes a la acogida.

También pide que la Generalitat aclare qué bases de datos podrán consultar los Ayuntamientos para emitir un documento con carácter probatorio sobre inmigración, sin «prescindir» del consentimiento personal cuando sea necesario.

La misma moción también ha sido aprobada por otros ayuntamientos como L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), encabezado por la socialista Núria Marín; el de Salt (Girona), liderado por la alcaldesa del PSC Iolanda Pineda, y el de Lleida, cuyo alcalde es Àngel Ros, también del PSC. Badalona (Barcelona) aprobó una enmienda del gobierno municipal, formado por PSC, CiU y ERC, a una moción del PP, que presentará el mismo texto en todos los ayuntamientos catalanes.

El texto aprobado en Badalona no especifica que los informes sean vinculantes; no hace referencias a la reagrupación familiar, y reclama penalizar a los extranjeros con sanciones por «infracciones graves, muy graves o reincidencia» de cualquiera de las ordenanzas municipales.