Un día más, y ya han perdido la cuenta, José Eduardo y Óscar Soler Bou se levantan por la mañana, se asean, desayunan y abren el ordenador portátil. Entran en la red con la esperanza de encontrar una respuesta en su correo electrónico que les despeje el horizonte, que les diga que alguien quiere darles trabajo.

Con 39 y 36 años, respectivamente, estos dos hermanos se han visto arrastrados por la crisis hasta el último estadio: sin derecho a paro, ni a subsidio, ni a los 420 euros, ni a lo que venga. Tras varios años trabajando viven en casa de sus padres alimentándose de la pensión del progenitor, ya jubilado.

Este hogar es uno de los 165.500 de la Comunitat Valenciana donde todos sus miembros en edad de trabajar están parados. Así lo refleja la Encuesta de Población Activa (EPA) del último trimestre de 2010 que recoge el Instituto Valenciano de Estadística (IVE).

El 11,7% de los hogares valencianos con algún miembro en edad de trabajar tiene a toda la familia en el paro según el IVE. El 30% de los hogares valencianos viven en el umbral de la pobreza, aclara CC OO. UGT recuerda que el número de familias valencianas con todos sus miembros en el paro supera la media nacional, situada en el 9,48%.

El desempleo está rozando cifras históricas no solamente en la Comunitat Valenciana, que sobrepasa los 513.800 parados, sino también en el conjunto de España. 2010 finalizó con un 20,3% de personas sin trabajo y el pasado enero se superaron los 4,2 millones de desocupados en todo el país.

Esta familia da voz a las frías cifras. Óscar agotó sus prestaciones en julio de 2008 y José Eduardo no recibe ninguna ayuda oficial desde abril del año pasado.

«El humor te cambia por días y eso que intentamos romper la rutina saliendo a comprar, a pasear por la huerta, a tratar de tropezarnos con algún amigo…», comenta Eduardo. De lo contrario «la casa se nos caería encima», añade. Lamenta que es «frustrante que el trabajo sea encontrar trabajo». Pero a pesar de la gravedad de la situación «mantenemos nuestras ganas de trabajar, de dignificar nuestras vidas. No nos vamos a acobardar».

Entre los dos han remitido en los últimos meses más de mil currículos tanto por internet como puerta a puerta a las empresas, pero «sólo nos han contestado a uno».

José Eduardo trabajaba en Celéstica, la multinacional de las nuevas tecnologías que tuvo que reducir en un 90% su plantilla para seguir en activo. El recorte se lo llevó por delante. Es fontanero mantenedor titulado, pero ahora no le llaman ni para cambiar un grifo.

No cotizó los suficientes años en su último trabajo y no tuvo derecho a la prestación, aunque ya tiene 23 años de historia laboral.

Su hermano pequeño ha trabajado de administrativo, fresador numerario, electricista y también de encargado jefe de almacén logístico. Y ahora no tiene nada.

«Sólo vivimos de la pensión de mi padre y entre los dos nos motivamos día a día para ocupar el tiempo. Salimos a la calle a pasear sólo para despejarnos y mantener la ilusión de buscar trabajo», confiesan.

Durante estos últimos años no han cesado de realizar cursillos de formación. De reparador y montador de ordenadores, de instaladores de placas solares… «Al menos queremos ganar algo, porque es muy frustrante pedirle a tus padres 20 euros para poder salir un rato, nos da coraje», reflexionan entre afligidos y enrabietados.

Han pensado en ser autónomos y crear una empresa, pero entonces se dan de bruces con bancos y cajas: «te exigen mil avales y no facilitan nada, se han cargado a las pequeñas y medianas empresas».

Óscar advierte de la gestación de una grave crisis social si no empieza a repuntar la economía. Piensa que cuando se agote la prestación por desempleo de los millones de parados que hay en España habrá un enorme número de pobres que saldrán a la calle a «hacer cosas malas, no porque sean mala gente, sino porque necesitarán comer y esto se pondrá muy mal, la gente se desesperará y llegará el caos».

No arremeten contra los empresarios porque «cuando hemos ido a pedir trabajo ponen cara de pena al no poder darnos empleo», pero sí lamentan que los políticos, sean del signo que sean, estén más ocupados en tirarse piedras unos a otros, «y si puede ser, basura», en lugar de llegar a acuerdos.

Ambos abogan por un entendimiento, pues «si se va uno y entra otro tendrá que aplicar soluciones similares».

Del medio millón de desempleados de la Comunitat, 85.653 son inmigrantes. La valenciana es la tercera autonomía con más extranjeros parados. Vanessa Margarita es una de ellas. Su marido tampoco trabaja. Ecuatoriana de 28 años, acude diariamente al comedor de la Asociación Valenciana de la Caridad. Ni ella ni su esposo cobran un subsidio y tienen, además, una hija de diez años. Su cónyuge ya piensa en regresar a su país.

Son las voces que claman entre las cifras de la Encuesta de Población Activa, el barómetro que utilizan los analistas para medir la salud laboral de un país. Y la Comunitat está grave: Alicante tiene 74.300 familias con todos sus miembros en el paro, el 14,2% del total de hogares con algún miembro en edad de trabajar. Le sigue Castellón, con 21.400 hogares con todos sus integrantes parados, el 12,8%. En Valencia sufren esta situación 69.900 familias, el 9,6% del total de la provincia.