El mayor cambio en el disparate urbanístico perpetrado por el franquismo al construir un centenar de bloques en plena montaña de Collserola es la mutación social de los vecinos. El envejecimiento de la población inmigrante inicial de los años 60 de Ciutat Meridiana, el éxodo de buena parte de sus hijos y la llegada en su lugar, y durante la última década, de un gran número de personas de origen extranjero ha transformado la otrora ciudad satélite. Con la expansión de los extremos de la pirámide demográfica, ha crecido también la necesidad de equipamientos sociales y educativos para los jóvenes y la gente mayor. En este punto, pero también en la inseguridad y la falta de vigilancia, insisten las entidades consultadas y los vecinos entrevistados ayer a pie de barrio.
El cierre hace ya dos años del histórico campo de fútbol para construir un aparcamiento que aún no se ha empezado y varios equipamientos en un barrio escarpado sin suelo libre, centra las quejas de muchos. Para Filiberto Bravo, presidente de la asociación de vecinos, es la primera cuestión a resolver. «Si el párking no se hace que el campo se quede como estaba», afirma.

CINCO LOCALES / Muy crítico con la gestión de las administraciones, Bravo también reclama tres centros de jubilados más pequeños, en lugar de uno grande, repartidos por el barrio para reducir distancias y facilitar el acceso a los jubilados; un local para los jóvenes ya que el centro cívico actual no sirve; y otro para su entidad que lo perdió, pese a ser de propiedad, al ampliarse la estación de Rodalies. «Lo reclamaremos judicialmente», asegura, al tiempo que dice desconocer «en qué se ha gastado el dinero de la ley de barrios».

Neus García, una de las activas representantes de la asociación de madres y padres de la escuela reformada Mestre Morera, afirma que llegó a pagar una reserva de plaza para el aparcamiento, pero al igual que otros vecinos se echó atrás al ver que el proyecto está paralizado.

Bravo coincide con numerosos vecinos al afirmar que «hay más inseguridad y un aumento de los pequeños hurtos» aunque rechaza criminalizar a los inmigrantes, personas «como las demás que sufren la crisis y el paro». Recuerda, asimismo, que en los 80 las jeringuillas «se recogían a espuertas» y aunque hoy también existe tráfico de drogas «no se nota». Insiste en considerar ciudadanos iguales a todos los residentes porque en el barrio «las ideas racistas son fuertes, aunque estables».

FIRMAS PARA UN INSTITUTO / La asociación de padres está recogiendo firmas para reclamar un instituto público en Ciutat Meridiana. García denuncia que ahora los padres de las tres escuelas del barrio deben llevar a sus hijos fuera de él, lo que crea graves problemas de desplazamiento.

Celebra que por fin se esté construyendo la segunda guardería junto al Mestre Morera para atender a la creciente población de niños pequeños. Finalmente, se suma a las críticas generales por los cambios en el centro cívico. «Se ha perdido buena parte de un espacio de relación al colocar oficinas de asistencia social. Han hecho un desastre», proclama.

ACERAS DETERIORADAS / La degradación y la falta de inversión en la zona norte del barrio es otra queja compartida. David Ortiz, secretario de una comunidad de vecinos de la calle de Perafita exige saber porque «la instalación de escaleras mecánicas y otras mejoras solo se hacen en la parte baja». Las aceras de la zona alta están en tan mal estado que la gente cae y se lesiona, como él mismo y su anciana madre, asegura. Bravo abunda en ello y afirma no entender porque hay allí zonas del espacio público muy maltrechas que están igual que en los años 60.