Después del anuncio hace unos días de la puesta en marcha en Salt de un plan piloto para evitar la exclusión social y reforzar la convivencia, el conseller de Benestar Social i Família, Josep Lluís Cleries, concretó ayer que esta localidad recibirá este año 373.000 euros procedentes de la Unión Europea y de la Generalitat y se comprometió a petición de la alcaldesa a intentar que este proyecto tenga continuidad. Salt será el primer municipio en aplicar los planes específicos para barrios o municipios que presenten un elevado índice de población inmigrada que impulsará el Govern también en Badalona, Terrassa, L’Hospitalet y el Vendrell, y que contará con una inversión global de 2,5 millones de euros, dos millones procedentes de la UE y medio millón de la Generalitat.

La alcaldesa de Salt, Iolanda Pineda, se mostró satisfecha de la inversión de 373.000 euros este año con el objetivo de «programar un amplio abanico de actividades para dar mayor intensidad y reforzar el civismo, la convivencia y la acogida que ya se está haciendo con escolares y diferentes entidades de la población». No obstante, afirmó que «se necesitaría más certeza y más seguridad en el recursos durante más tiempo». En este sentido, pidió a Cleries que «los programas pudieran alargarse en el tiempo».

A la petición de la alcaldesa, el conseller apuntó que lo que se pondrá en marcha es un plan piloto «que interesa que funcione bien y que tenga continuidad». Aunque Cleries recordó que este plan «sí es puntual inicialmente», mantuvo que «después ya se verá, pero que la Generalitat quiere que tengan continuidad, porque son recursos útiles para reforzar programas que ya llevan a cabo los Ayuntamientos y la Generalitat».

Preguntado sobre si el Govern se plantea cambios en los centros tutelados de la Generalitat, teniendo en cuenta que los últimos incidentes vividos en Salt los ocasionó el accidente mortal de un menor marroquí internado en uno de estos centros, el conseller aseguró que se trató «de un hecho puntual». Y recordó que estos lugares no son para menores que cometen delitos, porque ésos ingresan en otros centros de internamiento dependientes de Justícia.