JAVIER RICOU – Lleida
“Es una ley puntera en Europa y profundamente democrática que abre ojos a nuevas realidades sociales y las ampara legalmente”. Así se refirió Josep Lluís Carod-Rovira a una de sus leyes estrella, la de los centros de culto, que obliga a los ayuntamientos a reservar suelo, en sus planes urbanísticos, para destinarlos a edificios religiosos. La norma, aprobada en julio del 2009, no parece que vaya a tener mucha más vida, después de que la nueva vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, haya anunciado que va a proponer una reforma de esa ley en el Parlament para librar a los ayuntamientos de esa obligación.

Ortega, que es también responsable en asuntos religiosos, concretó sus intenciones (que había lanzado en una entrevista a La Vanguardia)en su primera visita a la provincia de Lleida. Lo que ahora pretende el nuevo Govern es dotar a los equipos municipales de una mayor autonomía a la la hora de decidir si destinan o no suelo para levantar centros de culto. La propuesta de la Generalitat llega después de que al menos cinco ayuntamientos de Lleida y otros de las provincias de Girona y Tarragona hayan visto rechazados sus últimos planes urbanísticos al no haber previsto suelo en sus municipios para centros de culto. La negativa a la aprobación de esos planes llegó tras el informe desfavorable de la Direcció d´Afers Religiosos.

Un portavoz del Departament de Vicepresidència indica que la propuesta de reforma impulsada por Joana Ortega pretende facilitar las cosas a los ayuntamientos. Con la actual ley, aquellos municipios que no destinen suelo para el culto (aquí entran todas las confesiones) tienen que argumentar los motivos de esa decisión. Si la propuesta de Vicepresidència prospera, lo que se pretende en el futuro, indican las mismas fuentes, es que los ayuntamientos no tengan que dar ninguna explicación si consideran que en su municipio no es necesario, por no existir peticiones expresas, reservar espacios para edificios religiosos.

Joana Ortega afirmó en su visita a Lleida que las necesidades de cada ayuntamiento son distintas y el hecho de imponerles a todos una misma norma sobre centros de culto “puede mermar sus posibilidades”. De momento no hay calendario para la reforma de esta ley, pero el Govern sí que ha anunciado que quiere “impulsarla cuanto antes”.

La ley de centros de culto, aún vigente, establece que la exigencia de destinar suelo para edificios religiosos “debe aplicarse en los planes de ordenación urbanística municipal que estén en tramitación, en revisión o que no hayan sido todavía objeto de una resolución definitiva”. Asimismo obliga a todos los municipios a adaptar su planeamiento a esta nueva normativa en un plazo máximo de diez años.

El anuncio de la vicepresidenta del Govern para cambiar una norma que contó con el voto favorable de todos los grupos en el Parlament, excepto el PP, no parece disgustar a alcaldes como el de Lleida, ahora mismo inmerso en un eterno conflicto con la principal comunidad musulmana de la ciudad por la construcción de una nueva mezquita. Àngel Ros, que siempre ha apostado por la autonomía municipal, ya se adelantó a esta ley al ofrecer, mucho antes del año 2009, un solar municipal a los líderes religiosos de la mezquita de la calle del Nord para que levantasen allí un nuevo templo. La falta de interés de esa comunidad para iniciar las obras ha colmado la paciencia de la Paeria, que a finales de la semana pasada acordó, en sesión plenaria, rescindir el contrato de cesión de ese solar.

Los musulmanes de la principal mezquita de Lleida siguen sin tener un techo bajo el que rezar, después de la clausura de la mezquita del Nord por exceso de aforo. La Paeria ofrece ahora el mismo solar a otros musulmanes, pero parecen faltar candidatos.