En el marco de la Ley de acogida, aprobada en el Parlament en abril de 2010, la Generalitat otorgará certificados que acreditarán la integración de los extranjeros para el trámite del arraigo social –que será necesario para acceder al permiso de residencia- y para renovar la residencia temporal y de trabajo.

Un estímulo no un castigo
Estos certificados se otorgarán a los inmigrantes tras cursar un itinerario formativo de primera acogida y «se utilizarán como estímulos, y no como castigos, para reconocer su voluntad de integración», avanzó ayer el conseller de Bienestar Social y Familia de la Generalitat, Josep Lluís Cleríes, en una entrevista a Europa Press.

«Quien haga el esfuerzo debe tener más agilidad administrativa en todo, y quien no lo haga, seguirá el trámite normal», explicó Cleries sobre esta medida de la norma con la que Cataluña se convirtió en la primera comunidad en regular las nuevas competencias de la Ley de extranjería tras su reforma en 2009.

Como complemento a la Ley de acogida, se desarrollará la ley de integración en la que los inmigrantes deberán adherirse a un «compromiso de ciudadanía». Este compromiso se negociará con los grupos parlamentarios y las entidades y garantizará la participación social de los inmigrantes con el fin de «encontrar el máximo consenso político y social para que todo el mundo se sienta cómodo», avanzó el conseller. El compromiso cívico con Cataluña «no será algo impuesto, sino participado y acordado, compartido y pactado», añadió.

Cleries, que se mostró partidario de facilitar el voto inmigrante, añadió que se tendrá más en cuenta la integración que el tiempo de residencia en España a la hora de otorgar la nacionalidad.
El conseller, que reivindicó la cultura y valores de Cataluña, instó al Tribunal Constitucional a actuar con un «espíritu de respeto a la Constitución que se vótó en 1979» en favor de la cohesión social, después de que recurriese la norma por fijar el catalán como lengua de primera acogida.