Algunos perecieron como mendigos en la soledad de una casa abandonada de las afueras. Otros dejaron la vida en accidentes laborales. El francés Didier Masset apareció entre la basura, en una planta de reciclaje. Mamadou Yacouba Keita pereció ahogado en la presa de Manises y otros, como el marroquí Muoludi El Ammari, fueron víctimas de homicidios. Son diferentes historias con un denominador común: una vida corta en la provincia de Valencia, una muerte violenta y, en la mayoría de los casos, un descanso eterno lejos de sus países de origen.

Así lo demuestran las cifras del Instituto de Medicina Legal (IML) de Valencia, encargado de realizar autopsias a personas fallecidas en la calle en condiciones precarias, accidentes u homicidios. 117 personas extranjeras fueron sometidas a necropsias por estos motivos a lo largo del año pasado y sólo 53 de ellas fueron repatriadas.

El resto de cuerpos sin vida corrieron diferente suerte. Según Matías Vicente, director del IML, «a principios de este mes teníamos 11 casos de muertes pendientes de resolver». Se refiere a cadáveres que permanecen en cámaras en espera de que los juzgados encargados de investigar sus muertes resuelvan qué hacer. Algunos son mendigos y siguen las gestiones en busca de familiares. En otros casos siguen sin recibir sepultura por razones de investigación judicial.

En este grupo de fallecidos en el limbo judicial existen cinco extranjeros que perecieron en diciembre. El cadáver más antiguo de fuera de España permanece desde el 2 de febrero en estas estancias fúnebres, situadas en los sótanos del Tanatorio Municipal de Valencia.

«La mayoría de veces los familiares de las víctimas no tienen dinero para asumir la repatriación del cadáver y por eso casi todos acaban en Valencia», explica el responsable del IML. En este grupo, 35 fueron incinerados a cargo de familiares y amigos y 7, inhumados. El resto, un total de 11, fueron enterrados por beneficencia al no haber nadie que se hiciera cargo del gasto.

«Los norteafricanos, subsaharianos y extranjeros de Europa del Este son los que suelen mostrar un mayor interés en trasladar a familiares fallecidos a sus lugares de origen», destaca Matías Vicente. «Aunque el bolsillo no lo permita, hacen todo lo posible por la repatriación del cadáver». Los suramericanos, explica, se atienen más a las posibilidades económicas «y los europeos occidentales, por contra, aceptan mejor un entierro o incineración en la Comunitat».

Un buen ejemplo de lo que dice el experto forense es la muerte de Mamadou Yacouba Keita, el joven de 26 años que falleció en julio al intentar salvar a un niño que se ahogaba cuando se bañaba en una zona prohibida del río Turia, en la presa de Manises.

«Deseaban ver a su hijo»

Su hermano Djime Keita y sus compañeros movieron cielo y tierra para conseguir fondos y poder llevar los restos mortales a su ciudad. «El deseo de mis padres era ver de nuevo a su hijo», explicó el inmigrante. Se pusieron en contacto con miembros de la Red Sahel, pidieron ayuda a varias instituciones y consiguieron reunir el dinero.

El milagro se obró, en parte, gracias a la importante rebaja de la Funeraria La Esperanza de Mislata, que realiza servicios a precio de coste a las personas más necesitadas. El embalsamamiento del cuerpo, disposición en féretro de zinc (obligado para los cadáveres sometidos a autopsia) y traslado a África costó 3.400 euros. Mamadou Yacouba recibió un emotivo entierro por el rito musulmán. «Más de 300 personas de nuestro pueblo natal participaron» en las pompas fúnebres, recuerda Djime.

La Esperanza se encargó también de llevar a su país a un boliviano de 60 años fallecido en Valencia. «Su mujer y sus hijas estaban desesperadas. No podían hacerse cargo del funeral. No encontraban nada por menos de 1.700 euros y entre todos los familiares habían reunido 500. Por ese precio pusimos un féretro digno, velatorio, flores, preparación del difunto, cremación y trámites del traslado», explicó Cayetana Fermín, responsable de la funeraria.

La otra cara de la moneda fue el caso de Roi Francisc, el rumano asesinado en octubre por su compañera sentimental en la casa de Alberic que compartían con varios compatriotas. Roi Susana, de 62 años, hubiera deseado poder enterrar a su hijo en Mihesu de Campie, una humilde localidad rumana. «Aquí no hay dinero para traer a mi hijo muerto», lamentó.

La víctima del crimen fue incinerada en Valencia. Una hermana de la víctima residente en Italia se desplazóy recogió sus cenizas para llevarlas luego a su madre. El hijo que se marchó a construir un futuro mejor volvió a casa en un tarro.