La alcaldesa de L’Hospitalet (Barcelona), la socialista Núria Marín, exigió ayer que los máximos dirigentes municipales puedan mandar a todos los cuerpos policiales que actúen en sus territorios. Tras prohibir el uso del burka en los espacios públicos y solicitar el derecho al veto al arraigo de inmigrantes largamente incívicos, L’Hospitalet dio ayer un paso más en su afán de dotar a los municipios de mayor poder.

En la actualidad, un alcalde sólo puede dar órdenes a la Policía Local. Pero Marín tiene previsto reunirse en los próximos días con el conseller de Interior, Felip Puig, para que las cosas cambien. L’Hospitalet, una ciudad con abundantes barrios donde viven unas 270.000 personas, pretende asumir el mando policial para «ser más efectivos en la seguridad».

La alcaldesa considera que la autoridad para dar órdenes concretas a las fuerzas policiales tendrá un efecto positivo sobre la inseguridad ciudadana, una de las cuestiones que más preocupan a los vecinos.

Para lograr la ampliación de la autoridad de los alcaldes, Marín sugiere aprovechar la ocasión en una futura modificación de la ley del sistema policial en Cataluña, que determina el rol de la Junta de Seguridad Local, según fuentes locales.

La propia edil convoca la Junta cada dos semanas. «Y ahora es el momento de que los alcaldes podamos dirigirla», reivindica Marín, nueva presidenta del Fórum Español para la Prevención de la Seguridad, que basa su requerimiento en que «nosotros conocemos directamente la realidad» de las ciudades. Además, la alcaldesa augura que su propuesta será bien recibida en el Departament de Interior.