Habían solicitado el poder visitar a las personas inmigrantes encerradas por carecer de documentación y poco menos que les daban con la puerta en las narices: sólo 15 minutos de encuentro, después de guardar una cola a la intemperie, charlando a través de un cristal. Hasta que la Justicia ha venido al rescate.

Por primera vez, un juez ha dictado un auto en el que obliga al Ministerio del Interior a que abra a las ONG las puertas del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Madrid, el más grande de España, y habilite un modo para que los colectivos que trabajan con inmigrantes puedan visitar a los internos.

En su escrito, el Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid uno de los tres que hay en la capital para controlar esas dependencias requiere al director del centro que disponga lo necesario para que las Organizaciones No Gubernamentales puedan «visitar, comunicar y asistir» a aquellos que lo soliciten. No habrá limitación de tiempo. No deberán guardar colas en la calle bajo la lluvia. El lugar será digno: sin mamparas de por medio.

Lo que ha hecho el juez no es sino cumplir con lo que dice la actual Ley de Extranjería, que en su artículo 62 bis apartado tercero señala literalmente lo siguiente: «Las organizaciones constituidas legalmente en España para la defensa de los inmigrantes y los organismos internacionales pertinentes podrán visitar los centros de internamiento. Reglamentariamente se desarrollarán las condiciones de las mismas».

Desde su nacimiento en España, el régimen semicarcelario de los CIE los ha puesto bajo sospecha. En estos espacios opacos, los inmigrantes son encerrados un máximo de 60 días por el hecho de no estar documentados, un supuesto que supone una sanción administrativa para cualquier español. Son constantes las denuncias por malos tratos. En la actualidad, hay recluidas 825 personas. En 2010, se estima que unos 4.000 inmigrantes pasaron por el CIE de Madrid.

Las visitas que actualmente realizan a estos centros los colectivos que trabajan en defensa de los derechos humanos no son visitas consentidas como tal. Sus miembros entran a título individual, y disponen sólo del cuarto de hora del turno que hay para familiares y amigos.

El problema es que, desde que echó a andar la nueva Ley de Extranjería en enero de 2010, el Gobierno no ha desarrollado el reglamento que ha de dar cobertura jurídica, entre otras cosas, a la presencia de las ONG en los CIE. Con lo que los colectivos quedan al albur de cada uno de los nueve centros de internamiento que hay en España.

«Ha pasado un año sin que este asunto se haya formalizado. Ante la apatía e inactividad de la Policía y del Ministerio del Interior, este auto es una extraordinaria noticia y un paso en la buena dirección», señala la abogada Cristina Manzanedo. «Lo que no puede suceder es que una ley recoja un derecho y que, con la excusa de que no se ha desarrollado reglamentariamente, no se pueda ejercer ese derecho».

Las ONG Pueblos Unidos, Ferrocarril Clandestino y SOS Racismo las tres organizaciones cuyos integrantes trabajan más activamente en el CIE de Madrid solicitaron el martes una reunión con el director del centro de la capital para ver cómo se va a ejecutar el auto del juez.