Cuando Fani se despidió de su madre María en Ecuador para venir a España en el año 2000, tenía 37 años. Ese día ambas se fundieron en un abrazo casi eterno, lloraron, se prometieron entre sollozos llamarse y sobre todo, se desearon que a las dos les fuera bien. Fani, que ahora tiene 48 años, quería darles una buena educación con la que pudieran prosperar sus hijos de 10, 5 y 3 años.
Junto con su marido Madison, seis años menor que ella, emprenderían el mismo camino que habían seguido unos tres millones de compatriotas.

Al principio, su condición de inmigrante ilegal le impidió conseguir empleos de una larga duración, pero gracias a su tesón y a otras personas que se encontraban en una situación similar a la suya, le daban, como ella misma dice, “algunos trabajos por horas y de fin de semana” limpiando casas. Madison, su pareja, también hacia lo propio en el sector de la construcción. No les iba mal. Vivían en un piso alquilados y ganaban el suficiente dinero como para ahorrar algo y mandar una pequeña parte a su país de origen.

En 2005, cuando ella y su familia legalizaron su situación, su vida mejoró. Conseguían más contratos y ganaban más dinero que les permitía pensar en comprar una casa. Entonces, no tuvieron demasiados problemas para que el banco les concediera un préstamo hipotecario. “Eran otros tiempos”, dice. Compraron un pequeño piso en el barrio de San Jorge, en Pamplona. Empezaron pagando una hipoteca de 685 euros, pero la imparable escalada del euríbor, el índice que de referencia hipotecario, provocó que llegaran a pagar más de 1.000 euros con gastos de agua, luz y teléfono.

Sus gastos se incrementaban. Y sus ingresos se reducían. “Un día llegó mi jefe y me dijo que no había suficiente trabajo para toda la plantilla y había que hacer cambios. Me despidieron del restaurante donde trabajaba”, cuenta.

Desde entonces, esta familia intentaba “estirar” cada euro que ganaba Madison en la construcción, pero las cuentas no salían. Unos meses después, Madison también fue despedido. No tardaron demasiado en llegar a su buzón cartas de su entidad bancaria reclamándoles las letras atrasadas. Después, siguieron las llamadas a casa y las visitas a su banco para intentar encontrar una solución que pasaba por encontrar un trabajo que nunca llegaba. “No nos llegaba para pagar. El estrés es enorme. A veces te daban ganas de quitarte la vida, pero no puedes, tienes tus hijos e intentas disimularlo para que les afecte lo menos posible esta situación”, dice Fani. Al final, tomaron una decisión. Antes de que aumentara su deuda, decidieron dejar el piso para vivir alquilados en dos habitaciones. “Han pasado dos años, hemos agotado el paro y solo tenemos 600 euros de la renta básica. Tenemos que pagar 350 euros por el alquiler de las habitaciones. Sobrevivimos con 250 euros. Imagínate”. Fani asegura que no han pensado en volver a su país. “¿Volver a Ecuador? Allí no tengo nada. No puedo ser una carga de trabajo para mi madre enferma de 80 años. ¿Quién sabe cómo acabaremos?”