La Oficina de Asilo y Refugio, dependiente del Ministerio del Interior, admitió a trámite el viernes pasado solo las peticiones de asilo de cinco de las 22 personas que dijeron ser saharauis y que llegaron en patera a Fuerteventura el pasado 5 de enero. De los 17 rechazados, todos salvo uno solicitaron que se volviera a evaluar su petición, pero el Ejecutivo no ha cambiado de opinión en ninguno de los casos. Los solicitantes pueden ahora interponer un recurso contencioso – administrativo, pero en principio seguirá en marcha el procedimiento de expulsión.

“Es una decisión preocupante que puede tener consecuencias gravísimas si se les devuelve a Marruecos”, señalaron ayer fuentes del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que había recomendado en sus informes – no vinculantes – que se admitieran a trámite las 22 solicitudes para estudiarlas en profundidad. “Las peticiones no eran infundadas ni abusivas. Merecían ser examinadas en el proceso”.