SÍLVIA OLLER / BÀRBARA JULBE – Salt
El hollín impregna las paredes, el techo, la ropa y las calderas del balcón de todos y cada uno de los pisos del número 77 de la calle Àngel Guimerà de Salt, donde hace un par de noches un grupo de vándalos quemó siete motos y un coche. Los transeúntes no pueden evitar echar la vista arriba al pasar por el bloque de pisos, cuya fachada permanece completamente calcinada. Y hacer algunos comentarios de desánimo y en tono pesimista. “No puede ser”. “No sé si esto tiene solución”. “Estamos hartos”. Uno de sus inquilinos, un ciudadano de origen marroquí que no quiere dar su nombre por miedo a represalias, relata lo sucedido aún con el miedo en el cuerpo. El sábado de madrugada arrancó a sus tres hijos y a su mujer de la cama y bajó corriendo las escaleras. En la calle ardían varias motos y un vehículo. Cuando se le pregunta por la solución a estos actos vandálicos, que tienen atemorizados a algunos ciudadanos, lo tiene claro: más policía y más mano dura contra los malhechores.

La petición de más presencia policial fue ayer la más oída en Salt, donde se respiraba una cierta calma tensa tras lo ocurrido los últimos días. Un clamor que no entiende de nacionalidades. La piden los indios, los marroquíes, los españoles… “Si alguien comete un crimen, debería ser repatriado a su país”, explica Anna Alemany, una vecina del barrio de la Massana. “Hay que hacer cumplir la ley”, reclama Anna Masferrer, otra joven que reside en la zona centro de Salt, quien pide más presencia de Mossos d´Esquadra. Rakesh, un indio propietario de una frutería cercana al lugar donde se produjeron los incidentes, echa en falta más patrullaje y asegura que desde hace dos o tres años el incivismo en Salt ha ido a peor.

La chispa que en esta ocasión ha amenazado la llama de la convivencia en Salt saltó el pasado 8 de enero cuando un joven, que al parecer había robado una moto, quedó herido de gravedad al caer desde una altura de cinco pisos, durante una persecución policial. Casi una semana después, el 14 de enero, un grupo de medio centenar de adolescentes se concentró en defensa de ese compañero, que tenía antecedentes delictivos. La concentración acabó con nueve contenedores quemados y tres detenciones, dos de ellos menores y un tercero de 23 años que quedó en libertad con cargos. La noche del sábado al domingo se saldó con la quema de doce vehículos.

Desde hace un par de días, la vigilancia policial se ha incrementado. Patrullas y agentes de paisano recorren las calles, especialmente por la noche para que no se repitan nuevos incidentes y para encontrar quién está detrás de estos disturbios. Las investigaciones de los Mossos apuntan hacia el joven marroquí de 23 años, detenido el pasado viernes, un viejo conocido por la policía que ya había sido arrestado en varias ocasiones.

La alcaldesa de Salt, Iolanda Pineda (PSC), detalló que este joven sería el responsable – aunque podría haber más implicados-de inducir a los adolescentes, mayoritariamente de entre 9 y 14 años, a manifestarse ante la policía local el pasado viernes. El mismo chico también habría dado instrucciones para provocar durante la madrugada del sábado al domingo la quema de los cinco coches y las siete motos. Pineda precisó además que este delincuente tenía a su órdenes a el joven acusado de robar una moto, que se encuentra ingresado en el hospital Josep Trueta en estado grave tras caer de un quinto piso durante una persecución policial. “Lo utilizaba para cometer delitos porque era muy ágil y buen escalador”, aseguró la alcaldesa.

Pineda señaló que se mantendrán los agentes “el tiempo que sea necesario”, pero los vecinos temen que esto no será suficiente. “Hace falta vigilancia todo el año, no únicamente cuando se producen conatos de vandalismo”, reclama un comerciante del centro de Salt. En ocasiones se ha dado la paradoja que “se ha llamado a la policía alertando que determinados individuos están robando, mientras la policía está aún terminando el informe de la detención del día anterior”, explica un comerciante que ha trabajado durante más de tres décadas en la zona centro de Salt. La sensación de que entran por una puerta y salen por la otra se apodera de la población, que ve con impotencia como los autores de delitos apenas pisan la cárcel.

Pero más allá de una mayor presencia de las fuerzas del orden, la complejidad social de Salt, donde un 40% de la población es de origen inmigrante y de esta un elevado porcentaje está en el paro, se hacen necesarias otras medidas. “No hay una única solución al problema. Hasta ahora las medidas ensayadas no han acabado de dar resultados, necesitamos otras nuevas”, esgrimió el portavoz de CiU, Jaume Torramadé. Una de ellas, aunque transitoria, es el incremento de la presencia policial.

A raíz, de los hechos vividos en Salt, el PP cree que estos sucesos vandálicos ocurridos demuestran la necesidad de un programa de integración de los inmigrantes, que llevará al Parlament, y una reforma del reglamento de la ley de Extranjería para que el civismo sea un requisito en la renovación de los permisos de residencia (véase la sección Política).

Hace tiempo que el Ayuntamiento de Salt está tomando medidas más duras para combatir el incivismo. Recientemente aprobaron una moción para que el Consistorio pueda emitir informes desfavorables a los incívicos que soliciten un certificado de arraigo o pidan el reagrupamiento familiar. Pineda también se ha mostrado partidaria de retirar el Pirmi (renta básica de inserción) u otras ayudas a quien cometa hasta cinco faltas de incivismo en un año, una medida que fue criticada por CiU al considerar la petición discriminatoria.

Ante la complejidad del problema, las fuerzas con representación en el Consistorio se reunieron ayer para analizar los hechos. Tildaron la situación de “muy grave” y piden que se desvincule delincuencia de inmigración. Precisamente esto es lo que también pide la Associació de Veïnsde la Zona Centre, que ha convocado una manifestación el sábado a las 12.00 horas como repulsa a los actos incívicos. Su presidenta, Cesca Terrón, subrayó que la marcha no pretende ser un enfrentamiento entre autóctonos e inmigrantes, sino entre delincuentes y ciudadanos. Los próximos días se convocará la Mesa de la Ciudadanía, formada por los grupos municipales, asociaciones de vecinos, de comerciantes y entidades extranjeras para abordar el caso. Un problema al que la población urge una solución inmediata de una vez por todas.