«Conocen todos mis pijamas por las veces que he subido a pedirles que no hicieran ruido porque no podía dormir». Quien habla es una joven trabajadora que vive en casa de sus padres y tiene como vecinos en el piso de arriba, desde hace tres años, a seis adolescentes tutelados por la Diputación vizcaína. Desde entonces, las quejas a la institución foral por parte de tres residentes del inmueble, ubicado en la calle Autonomía de Bilbao, han sido continuas, incluso con denuncias a la Policía Municipal, que ha llegado a realizar varias sonometrías. Se trata de un «piso de emancipación» que comparten jóvenes menores de edad con otros adultos, señala un portavoz de la Diputación, para quien su comportamiento es similar al de cualquier familia con varios miembros. «Son de los que se portan bien y un educador les visita cada día», afirma. Además, han atendido todas las quejas vecinales y piensan instalar una moqueta para amortiguar los ruidos, señala el portavoz oficial.

La familia afectada, sin embargo, mantiene que hasta ahora todos los inquilinos eran menores de edad y que el monitor acude a la vivienda sólo una vez por semana para vigilarles. «Lo peor es por las noches. La mayoría de los días el trajín empieza a las doce, lo sé por el ascensor. A esas horas se ponen a hacer la cena, imagínate a seis personas metidas en una cocina pequeña y hablando en alto: portazos, sillas y mesas que se mueven…», detalla la denunciante. Además, suben a amigos. «Se han llegado a juntar hasta diez y once personas en el piso cuando la Diputación me dice que lo tienen prohibido».

Según la institución foral, las normas de convivencia les impiden fumar en el domicilio, así que bajan a la calle en ascensor – más ruido – y han de acostarse a las diez de la noche, hora a la que las luces deben de estar apagadas, pero «viven solos; un educador viene de vez en cuando a ver cómo andan», sostiene la afectada. «Uso tapones, pero no puedo dormir hasta las dos o tres de la mañana, y los sábados hasta las cinco». Cuando acude a presentar una queja a la Diputación, alegan que «es normal que los sábados se acuesten más tarde». Estas pasadas navidades, su abuelo, de más de 80 años, que toma pastilla para dormir, no logró pegar ojo.

A trabajar sin dormir

El piso, propiedad de una anciana que murió sin dejar herederos, pasó a los cinco años a manos de la Diputación vizcaína que lo destinó a menores en situación de riesgo. «Si están acompañados y se comportan como el resto de los vecinos…», pensaron entonces. Los adolescentes empezaron a ocupar la vivienda en mayo de 2008. Los primeros quince días fueron tranquilos, pero a partir de entonces, la mujer, enfermera de profesión, ha tenido que ir a trabajar «de empalmada muchos días» y ha usado el sofá como cama durante un año porque la cocina y el salón de los vecinos de arriba quedan justo sobre su dormitorio. «No poder dormir es horrible», protesta hastiada. «Lo que más me indigna es que a la Diputación todo le parece normal, que cocinen a las dos de la mañana…, la que me tengo que amoldar soy yo», le dicen. «El sueño hay que respetarlo todos los días de la semana».

La Policía Municipal de Bilbao ha acudido al domicilio «unas 10 veces en los últimos meses». Una patrulla realizó un informe el 15 de marzo del año pasado en el que se apuntaban «graves molestias». Los agentes, avisados por los vecinos porque la música estaba muy alta y se escuchaban voces, acudieron al piso tutelado y constataron que allí vivían «seis jóvenes, todos ellos menores de edad» y que no se encontraba «ningún educador más que en momentos puntuales», señala el escrito de los policías al que tenido acceso este periódico. Ese mismo día se realizó una medición de ruidos.

El problema convivencial se ha tratado recientemente en una junta vecinal de la comunidad. Los vecinos de arriba y los de abajo de esta familia también protestan por el ruido. No es la primera vez que la institución foral recibe quejas de residentes por un piso tutelado en el que viven menores, aunque hasta ahora se han quedado en protestas y los jóvenes continúan viviendo en los inmuebles. La Diputación acogió en 2008 a 646 menores en situación de desamparo – de los que 359 eran inmigrantes – en 45 viviendas y pisos, siete más que el año anterior.