El año que acaba de comenzar no pinta bien para once millones de extranjeros indocumentados en Estados Unidos. Al fracaso del debate de la reforma migratoria cuando los demócratas contaban con el control del Congreso siguió el esperado movimiento de la nueva mayoría republicana en la Cámara de Representantes, que solo tardó horas desde su toma de posesión ayer para presentar una polémica iniciativa que niega la ciudadanía a los hijos de indocumentados que nazcan en EE UU.
Con el objetivo de poner coto a lo que denominan «invasión» de ‘sin papeles’, los representantes estatales sugieren dejar sin efecto la XIV Enmienda de la Constitución estadounidense, que otorga la nacionalidad a los niños nacidos en Estados Unidos, sin importar la situación migratoria de los padres. Los detractores de la enmienda, que califican como ‘bebés ancla’ a quienes gocen de ese estatus, están liderados por dos poderosos senadores conservadores Mitch McConnell (Kentucky) y Jon Kyl (Arizona), que el pasado julio empezaron a promover audiencias públicas para resolver lo que ven como un problema, al tiempo que recomendaron aumentar las redadas y la deportación de indocumentados
Aunque el Senado en manos de los demócratas, unido a la potestad de veto del presidente, haría muy complicada una modificación sustancial de la provisión constitucional, la idea de poner coto a la inmigración dista mucho de ser solo una preocupación de la derecha. Si los republicanos empujan por las restricciones, muchos demócratas se les unirían. Esta perspectiva inquieta a las organizaciones hispanas que velan por los intereses del colectivo de inmigrantes más numeroso de EE UU. Defender a cal y canto que no se prive de ciudadanía a los ‘bebés ancla’-hoy por hoy la fórmula más recurrida por los latinos para establecerse en el país- va a ser la primera gran batalla de estos colectivos.
Los niños de indocumentados nacidos en territorio estadounidense no pueden impedir la deportación de sus padres, pero sí presentar la documentación para solicitar que estos se conviertan en residentes legales tras cumplir 21 años. Los republicanos de Arizona, Carolina del Sur, Georgia, Oklahoma y Pensilvania ya han anunciado su intención de introducir proyectos de ley para exhortar a los padres a superar una prueba sobre su estatus migratorio antes de que obtengan el certificado de nacimiento de sus niños. No solo eso; para burlar las dificultades que implica la actual legislación a escala federal, estos congresistas exigen que las nuevas leyes tengan rango estatal para dejar la enmienda sin legalidad y no tener que proponer una modificación general de la carta magna.
Dos partidas de nacimiento
«Creo que el asunto del derecho a la ciudadanía no debe tomarse a la ligera. Hay agujeros en esa ley que permiten a los inmigrantes quedarse de forma ilegal en nuestro país y aprovecharse de los recursos que financiamos los contribuyentes», señaló Jack Murphy, republicano de la sureña Georgia. Los políticos proclives a los cambios profundos apuntan a la posibilidad de instaurar dos tipos de partidas de nacimiento: uno para los niños ciudadanos y otro para los hijos de indocumentados.
Quienes llevan a cabo la propuesta dijeron también que los indocumentados son una «invasión» y un «veneno». En este contexto, señalaron que muchos de los inmigrantes indocumentados entran a Estados Unidos con el fin que tener hijos y «anclarse» en dicho país. «Económicamente esta tendencia es insostenible», aseguró Murphy, quien además considera que la inmigración ilegal le cuesta miles de millones de dólares anuales al país.
Por otra parte, el presidente de EEUU, Barack Obama, nombró ayer jefe de gabinete al alto ejecutivo del banco JP Morgan Chase y exsecretario de Comercio William Daley, en un intento de dar un nuevo impulso a su mandato. Daley es un hombre con importantes contactos con el mundo de las finanzas y el empresariado, áreas descuidadas por el inquilino de la Casa Blanca, quien se apresta a mejorar sus relaciones con estos grupos.