e les conoce con las siglas MENA (menores extranjeros no acompañados) y forman un colectivo engorroso para la Administración, que se debate entre la necesidad de regular el desbordado flujo migratorio y su deber de ampararlos por su condición de menores. Su realidad jurídica y social se refleja en un informe elaborado hace unos meses por Unicef España y el Consejo General de la Abogacía española que lleva por título Ni ilegales ni invisibles.

“El fenómeno migratorio no es nuevo ni acabará con la crisis”, afirma Marta Arias, directora de políticas de infancia de Unicef, quien explica que “surgen nuevos problemas, por lo que la legislación debe apresurarse y adaptarse a la realidad”. “Y, sobre todo – añade-,hay que tener en cuenta que son niños antes que extranjeros y sus derechos deben estar por encima del interés de un Estado”. Para ella el mayor problema no es que falte una garantía legal, “sino que en la práctica no se respeta”.

Algunos chicos viven o han vivido en centros tutelados, otros se han escapado porque consideraban que no les trataban bien y han cambiado o esperan cambiar de ciudad en busca de algo más de suerte; los hay que se quedaron en la calle el día en que cumplieron los 18 años, sin recibir el prometido regalo de una documentación en regla al que tenían derecho como menores tutelados; a otros les han expulsado con sólo 16 o 17 años, acusándolos de portar documentación falsa.

Muchos delinquen, sobre todo en las ciudades más grandes, donde andan perdidos en la nebulosa de la cola, la droga de los niños pobres. Otros comparten pisos de emancipación que paga la Administración, donde disponen de cama y comida, y asisten a cursos formativos. Pero no saben qué harán cuando se acabe la ayuda si no obtienen los papeles que les autorizan a acceder a un empleo. Los que han tenido más suerte hablan de un asistente social, de una oenegé o de algún amigo que han encontrado en el camino y sin los que, aseguran, no hubiesen salido adelante.

Desde la fundación Raíces, que trabaja en la defensa jurídica de menores inmigrantes, el abogado Nacho de la Mata denuncia que “es absurdo invertir en formar a un menor inmigrante si al cumplir los 18 años se le deja en una situación irregular”. “Cuando la Administración incumple la ley pone en la calle a menores que se han formado en el sistema de protección y a los que se ha dedicado un dinero público”, concluye.