Catorce estados se unen para negar la ciudadanía a los hijos de indocumentados que nazcan en Norteamérica

La Voz de Galicia, T. López | Corresponsal, 06-01-2011

Que la inmigración ilegal en EE.UU. iba a convertirse en uno de los caballos de batalla del partido republicano en el nuevo período político era algo que se veía venir. El pasado verano, el estado de Arizona ya encendió la mecha tras aprobar una ley que criminaliza a los indocumentados, cuya legalidad se discute todavía en los tribunales. Ahora, otros catorce estados han dado un paso más al tras presentar ayer una propuesta en Washington que pretende negar la nacionalidad a los hijos de inmigrantes irregulares nacidos en Norteamérica.

El derecho a la ciudadanía para los nacidos en EE.?UU. se encuentra amparado por la decimocuarta enmienda y fue creado originalmente para dar el pasaporte a los descendientes de esclavos africanos. En los últimos tiempos, sin embargo, varios líderes republicanos han mostrado su inconformismo con una ley que consideran excesivamente generosa.

«La gente cree que es una posición extremista, pero lo cierto es que solo un puñado de países ofrecen la ciudadanía basándose en el GPS de los padres», declaró a The New York Times el senador John Kavanagh, uno de los congresistas que avaló la propuesta.

Según un estudio realizado por la consultora Pew Hispanic Center, solo en el 2008 hasta 360.000 niños nacidos de padres indocumentados obtuvieron la ciudadanía amparados por su derecho constitucional.

La práctica de dar a luz en territorio estadounidense es especialmente común en la frontera entre EE.?UU. y México, donde algunas clínicas ofrecen visas especiales para tener bebés anclas, término con el que se conoce a los hijos de los irregulares.

Para tratar de poner fin a esta práctica, los catorce estados propusieron ayer la creación de dos tipos de ciudadanías, una para los niños nacidos de residentes legales y otra para los hijos de los indocumentados.

El objetivo de la iniciativa es que los indocumentados traten de llevar sus casos a los tribunales, una acción que conllevaría con toda seguridad la deportación.

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