La Guardia Civil ha detenido a ocho personas, cinco rumanos, dos albaneses y un marroquí, como presuntos integrantes de una red dedicada a la introducción ilegal en España de mujeres rumanas que eran obligadas a ejercer la prostitución en carreteras de Torrevieja y Orihuela. Las víctimas eran captadas en Rumanía por compatriotas suyos residentes en Torrevieja quienes, con falsas promesas de trabajo, las convencían para trasladarse a España, según informó ayer el Instituto Armado. Además, ofrecían chicas a cambio de coches de alta gama, según se desprende de la investigación.

Una vez que llegaban a España, la organización les retiraba la documentación y bajo amenazas a ellas o a sus familiares en Rumanía, las obligaban a ejercer la prostitución callejera. Las investigaciones de la denominada Operación Hydra se iniciaron en octubre de 2009, cuando los agentes averiguaron que una banda, que hasta entonces estaba especializada en el robo de viviendas, se estaría dedicando a la explotación sexual y al tráfico de drogas en zonas de ocio de la costa alicantina.

Los agentes identificaron en Orihuela – Costa y en Mazarrón (Murcia) a dos ciudadanos albaneses, presuntos cabecillas de la organización, que contando con la colaboración de una mujer rumana, ejercían el control sobre las mujeres forzadas a vender su cuerpo.

Cuatro registros

Durante la operación, la Guardia Civil realizó cuatro registros domiciliarios en Orihuela – Costa, Mazarrón y Lorca, en los que intervinieron nueve kilogramos de hachís, teléfonos móviles, dinero en efectivo y diversa documentación falsificada. Según fuentes de la Benemérita, este grupo había llegado a disponer de hasta 20 mujeres para ofrecer servicios sexuales para lucro de la organización.

Las investigaciones, dirigidas por el Juzgado de Instrucción número 2 de Torrevieja, han sido llevadas a cabo por el Equipo Contra el Crimen Organizado (ECO) de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil con sede en Alicante, con apoyo de las comandancias de Alicante y Murcia Los miembros del grupo ahora desmantelado entregaban a las mujeres un pequeño porcentaje de sus ganancias y se quedaban con el resto, según indicaron ayer fuentes de la Guardia Civil, cuerpo de seguridad responsable de la operación.

En la actualidad, eran siete las chicas que estaban siendo explotadas sexualmente por esta banda, vigiladas a su vez por otra mujer, de nacionalidad rumana, que se encargaba de controlar su actividad. Los investigadores de la Guardia Civil han podido constatar al menos un caso en el que pidieron un automóvil, a cambio de enviar a una de las mujeres. No obstante, se mantienen abiertas las pesquisas, por si se pudiese constatar algún caso más de este tipo, como se sospecha. Los ocho presuntos miembros del grupo organizado ya han quedado a disposición del juzgado competente.