El alcalde de Tarragona, el socialista Josep Fèlix Ballesteros, ha pedido al Gobierno central que los Ayuntamientos sean tenidos en cuenta a la hora de valorar los informes de arraigo social y reagrupamiento familiar de las personas inmigradas, teniendo en cuenta aspectos como si han vulnerado de la ordenanza de civismo. La petición de Ballesteros se suma, entre otras, a la de sus colegas las alcaldesas, también socialistas, de L’Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, y Salt (Gironès), Iolanda Pineda, que antes de las Navidades se pronunciaron en el sentido de que los Consistorios puedan vetar el acceso al persmiso de residencia basado en el arraigo y la reagrupación familiar de aquellos inmmigrantes que no cumplen las ordenazas cívicas.

Cuando estalló la polémica, hace tres semanas, la secretaria de Estado de Inmigración, Anna Terrón, señaló que el Gobierno estudiaría la propuesta. Sin embargo, en medios de la Administración central se precisó que la reagrupación familiar es un derecho fundamental regulado por la Unión Europea, por lo que denegarlo por incumplir una ordenanza es “absolutamente desproporcionado”.

Ballesteros remitió ayer una carta al Ministerio de Trabajo e Inmigración con el objetivo de que se tenga en cuenta su petición en la resolución final del nuevo reglamento de la Ley de Extranjería, que se está elaborando. En concreto, el alcalde de Tarragona solicita que el nuevo reglamento permita a los Consistorios incluir su valoración, con todos los datos de los que disponen sobre la persona que solicita la residencia. Esta valoración incluiría, entre otros aspectos, las infracciones sancionadas en firme en materia de relaciones de convivencia y civismo en el ámbito municipal. Igualmente, Ballesteros pide que los Ayuntamientos puedan utilizar, como un baremo más, las conductas de incivismo en los informes de arraigo social y reagrupamiento familiar, “velando siempre por el respeto a las personas inmigrantes”.

El alcalde de Tarragona ha insistido en que se trata de una acción dirigida “exclusivamente” a favorecer el ejercicio de los derechos y deberes de toda la ciudadanía, rechazando de este modo otras “posibles lecturas” de su iniciativa.

Las alcaldesas de L’Hospitalet y Salt, dos ciudades en las que la inmigración tiene un peso notable, fueron las pioneras en pedir al Gobierno central tener voz cuando la Administración central decide sobre la concesión del permiso de residencia a un inmigrante basado en el concepto de arraigo o cuando este solicita el reagrupamiento familiar. Los tres Consistorios socialistas argumentan que son los Ayuntamientos los que mejor conocen cómo se genera la conviviencia y cuál es el comportamiento de los inmigrantes, ya que es la Administración más próxima al ciudadano y son los servicios sociales los que tratan a diario con la población inmigrada.