ALICANTE. El cabo de la Guardia Civil José Francisco M.T. se relacionaba con ciudadanos rumanos y solía llevar una «vida desordenada». Así lo constataron este año compañeros suyos del Grupo de Atracos de la Comandancia y de la Policía Judicial de Pilar de la Horadada antes de detenerlo el pasado 2 de junio por su presunta integración en una violenta banda de ladrones. Actualmente, según los documentos del sumario a los que ha tenido acceso este diario, se encuentra en prisión preventiva imputado por una interminable lista de delitos: asociación ilícita, robo con violencia e intimidación, detención ilegal, secuestro, robo de uso de vehículo a motor y revelación de secretos.

El oficial, destinado al Área de Investigación del cuartel de San Javier, era presuntamente quien seleccionaba a las víctimas, por lo general empresarios de alto poder adquisitivo de la costa oriolana, y facilitaba los datos personales de las mismas al resto de miembros del grupo. No obstante, también pudo participar directamente en alguno de los atracos. Uno de los perjudicados ha llegado a identificar su arma reglamentaria.

Los investigadores le sitúan en un «escalón intermedio» de la organización criminal, sin subordinación jerárquica a sus jefes. Él sería el encargado de facilitar la información necesaria para la comisión de los delitos y de todo el aparato logístico. Además, habría ejercido «funciones encaminadas a la salvaguarda» de los miembros de la banda. La operación en la que fue arrestado se saldó con nueve detenciones. Cinco de los sospechosos siguen hoy en la cárcel a la espera de juicio.

Las pesquisas se iniciaron en marzo pasado, después de que un empresario de la urbanización de Campoamor denunciase que casi un mes antes tres encapuchados habían irrumpido en su vivienda y lo habían mantenido secuestrado desde las ocho y media de la tarde hasta las cinco de la madrugada siguiente.

Los delincuentes parecían ir en busca de un narcotraficante, pues se presentaron como policías y le preguntaron por la ubicación de la cocaína y la caja fuerte.

El denunciante, que fue golpeado en diversas ocasiones y encañonado con una pistola, pasó tanto tiempo retenido que llegó a entablar conversación con algunos de sus captores. De esa manera, pudo hacerse una idea de la calaña de tipos a los que se enfrentaba. «Nosotros antes atracábamos a traficantes de droga, gente peligrosa pero cobarde, pero ahora, con la crisis, nos hemos tenido que centrar en empresarios», le confesó uno de ellos.

Los ladrones se marcharon de su casa pero se llevaron sus tarjetas de crédito y su flamante Jaguar. Al día siguiente, otro sujeto se presentó a cara descubierta en la vivienda y conforme a lo convenido recibió un sobre con 10.000 euros, la condición fijada con anterioridad para que el empresario pudiera recuperar el coche.

La Guardia Civil relacionó de inmediato ese robo con otros de mismo ‘modus operandi’ registrados en fechas inmediatamente anteriores o posteriores en esa misma zona, por ejemplo el sufrido por un industrial, su hija y su mujer en una vivienda de la urbanización Cabo Roig.

Finalmente, los agentes llegaron a identificar a varios de los sospechosos como Ion B., el individuo encargado de recoger el sobre con los 10.000 euros en la residencia de Campoamor, Marcel D. o Florinel Sorin D. Este último fue sometido a un seguimiento con fotografías y grabaciones de vídeo incluidos, que finalizó semanas más tarde en el barrio de San Blas de San Javier. Y del mismo coche, los investigadores vieron descender al cabo José Francisco M.T.

Oficios posteriores ordenados por el juez instructor acabaron por confirmar la relación del oficial del Instituto Armado con los presuntos atracadores. El sospechoso, de 38 años, había realizado múltiples consultas desde su ordenador del cuartel de San Javier sobre las víctimas en las horas anteriores o posteriores a los hechos. El Sistema Integral de Gestión Operativa (SIGO), que utiliza el Instituto Armado y que durante tanto tiempo había sido su mejor aliado, acabó por delatarle. El programa reveló igualmente que había introducido los datos de sus supuestos secuaces y de los coches que habían empleado en los asaltos para saber si algún compañero de la Benemérita andaba tras su pista.

Por si eso no fuera suficiente, en el registro de su vivienda se halló el ordenador portátil y la correspondiente factura a nombre de su propietario legítimo, el empleado de una finca rural que también había sido objeto de un asalto por parte de la banda.