DAVID VIGARIO / Mérida
Corresponsal
Era la niña la que le iba a buscar a
él al despacho oficial del Juzgado
de Paz de Arroyo de San Serván
(Badajoz) para tener relaciones
sexuales. Y no sabía cómo quitársela
de encima. Él nunca visitó la
inhóspita casa donde la chica de
14 años pasó su cautiverio y en la
que convivía con más de 30 rumanos.
Además, jamás llegó a tener
contacto físico con ella.
Éste es el resumen de la declaración
de Francisco Izaguirre Capote,
el juez de Paz de Arroyo de
San Serván y ex concejal socialista,
en libertad con cargos por
abusar supuestamente de E., la
menor madrileña que se fugó de
la casa de sus padres en la calle
de Serrano de Madrid para irse
con su novio rumano de 22 años.
Después, fue explotada sexualmente
durante tres meses en Extremadura.
Según ha podido saber EL
MUNDO de fuentes del caso, Izaguirre
negó todos los hechos que
se le imputan y aseguró desconocer
que la niña estuviera encerrada
en una lúgubre vivienda para
que se dedicara a la prostitución,
a pesar de que la casa se encuentra
en la misma calle donde vive
él mismo.
Izaguirre es un hombre de avanzada
edad (en torno a 65 años),
casado y con tres hijos. En ese
mismo lugar, la calle La Sierra, vivía
solo el ex concejal de IU Daniel
Cangas, que se suicidó el martes
de un disparo en la cabeza con
una escopeta, arma con la que habitualmente
cazaba.
Los acusados de abuso sexual
han insistido en sus declaraciones
en la misma tesis: la niña no estaba
siendo sometida a ningún secuestro,
ni explotación sexual, sino
que vivía en Arroyo de San
Serván por voluntad propia.
La mayoría también ha declarado
que mantenía relaciones sexuales
con los vecinos del pueblo
de forma voluntaria. Según la investigación,
el clan que la retenía
cobraba una media de 30 euros
por cada vez que un vecino abusaba
de ella; aunque esa cantidad
pudo bajar hasta los 10 euros en
algunos casos.
Los detenidos argumentan que
la pequeña salía sola a realizar
compras «y alguna oportunidad
hubiera tenido para avisar a la
policía».
Según fuentes policiales, la pequeña
aparenta «incluso menos de
14 años». Sin embargo, los vecinos
acusados de mantener relaciones
con ella negaron conocer la edad
real de la niña.
La Delegación del Gobierno en
Extremadura confirmó ayer que
cinco de los siete rumanos detenidos
y acusados de corrupción
de menores, explotación sexual,
detención ilegal y secuestro han
ingresado en prisión tras permanecer
desde el sábado en los calabozos
de la Guardia Civil de
Badajoz. Además, los cinco vecinos
de la localidad detenidos en
un primer momento fueron puestos
en libertad con cargos el lunes
por la tarde. Todos están acusados
de abusos de menores y
agresión sexual.
Como adelantó ayer este periódico,
además de los dos políticos
citados, entre los otros acusados
se encuentran un trabajador municipal,
un jubilado y un agricultor.
Por otra parte, la Junta de Extremadura
anunció ayer que se
personará en el caso como acusación
popular o pública, según declaró
el presidente del Ejecutivo
regional, Guillermo Fernández
Vara.
Ayer, el alcalde socialista de la
localidad, que no quiso hacer declaraciones
el martes cuando se
conocieron los hechos, sí atendió
a los medios de comunicación,
tras mantener una reunión con el
presidente de la Junta.
El regidor aseguró que «el pueblo
tiene mucho dolor, ya sea por
la niña, por los implicados o por
la muerte del ex concejal, o sea
que por todos los lados hay una
gran pena».
Preguntado por cómo es posible
que en una localidad de 4.000 habitantes
no se conociera lo que estaba
ocurriendo durante los tres
meses que duró el cautiverio, el
edil señaló que «en cuanto se ha
sabido algo se ha actuado, no íbamos
a saber algo y no hacer nada
y estar quietos», aseveró.