La Fiscalía de Valencia, tras semanas sin encontrarse el papel de la notificación de la sentencia, anunció ayer formalmente el recurso a la absolución de los guardias civiles Carlos Augusto Palomo (en prisión provisional desde hace más de dos años por supuesto tráfico de drogas) y Antonio Cano, ambos del puesto de Tavernes Blanques. Fueron juzgados por torturar a un inmigrante cubano. Le pegaron. Le humillaron. Le insultaron. Le amenazaron. “Vas a mear sangre”. “Te voy a meter la porra por el culo y te la voy a sacar por la garganta”. Está todo grabado. Se escuchó en la sala. Pero las grabaciones se anularon porque al auto que las autorizó le faltaba incluir el límite de tiempo por el que se autorizaban. Y fue así. Pero el juez instructor, titular del juzgado 14 de Valencia, enmendó el error al día siguiente. Lo incluyó en la causa (la de las drogas por las que está en prisión uno de los implicados). ¿Qué pasó? Que cuando la operación contra el narcotráfico se destapó y se pudo actuar contra las torturas, se remitió al juzgado de Moncada testimonio. El juez no mandó la corrección del auto, a pesar de haberse dado cuenta él mismo del error y subsanarlo. La juez de Moncada no vio el error. Y no lo vieron ninguno de los cuatro fiscales que han participado en el caso (desde el fiscal antidroga a la fiscal del juzgado de Moncada pasando por los dos que fueron a juicio). Ahora, in extremis, el ministerio público se propone que se anule el fallo de la sección tercera (a la que no se le dio cuenta del auto enmendado en momento alguno) en el que los dos agentes y el vigilante jurado salieron absueltos aunque todos escucharon el testimonio de la víctima y las grabaciones en las que gritaba, lloraba, pedía auxilio y repetía: “No me pegue más”. Lo detuvieron por un hurto en Alboraia.