Ni la crisis, ni la pérdida de las prestaciones por desempleo han convencido a los valencianos de volver a recoger la naranja. El trabajo en el campo sigue siendo básicamente cosa de rumanos, lituanos, búlgaros e inmigrantes de otras nacionalidades. Jóvenes y mayores. Hombres sobre todo, pero también mujeres. Organizados en cuadrillas de 15 a 30 personas que cargan a destajo cajas de 20 kilos por salarios muy inferiores al mínimo que fija el convenio laboral del sector. “¿Cómo van a venir españoles? Si nos pagan lo mismo que hace 10 años”, se queja Luis, de 31 años, que almuerza sentado en una piedra en un campo de las afueras de Torrent junto a otro collidor autóctono y a un amplio grupo de trabajadores de países del Este.

Luis se termina el bocadillo y dice: “Cuando yo empecé a trabajar en Picanya no pagaban menos que ahora: 68 céntimos la caja”. Su colega, que tiene acento andaluz y trabajó en la obra hasta que la crisis lo dejó en paro, se lamenta: “Nos ha contratado un corredor rumano para trabajar con lituanos, y eso de pura suerte. No hay derecho, nosotros pagamos los impuestos y ellos…”. Luis le corta: “Lo que pasa es que cuando tú no querías la naranja estaban ellos. Ahora todo el mundo quiere el campo, y lo entiendo porque todos tenemos que comer, pero hay que ser un poco considerado”.

El convenio colectivo establece que el salario mínimo de un collidor debe ser de 49 euros al día. En una jornada recorriendo campos de las comarcas de L’Horta y La Hoya de Buñol, en compañía del secretario de Inmigración de CC OO – PV, Ventura Montalbán, y del secretario de Inmigración de la federación de Construcción y Madera del mismo sindicato, Luis Poveda, se oyen, sin embargo, muchos precios de mano de obra, pero ninguno se acerca ni de lejos al que fija la norma.

Un collidor como Luis, que es robusto y tiene mucha experiencia, puede recoger de los árboles y cargar en el camión un máximo de 50 cajas de naranjas al día. Mil kilos de peso. 34 euros de jornal que le paga, cuenta, la empresa Tono, que a su vez trabaja para comercializadoras mayores, como Martinavarro, que la hace llegar a supermercados y grandes superficies. Al final del recorrido el consumidor paga por las naranjas y las mandarinas más de 20 veces lo que le pagan a Luis. Y más de 10 veces lo que ganan, juntos, los trabajadores y el propietario del campo, el productor.

Hay proporciones peores. En un terreno cercano a Godelleta, el encargado rumano de una cuadrilla de trabajadores del Este responde que depende del día, pero que 24 euros le parece un jornal aceptable. Y un poco antes, en Godelleta, el corredor de una importante comercializadora valenciana asegura, con la condición de anonimato, que este año se están pulverizando los sueldos, y que algunas empresas de trabajo temporal (ETT) llegan a pagar 14 o 15 euros por un día de trabajo.

El negocio de los cítricos está muy estructurado: las empresas comercializadoras cuentan con los llamados corredores, que contactan con los propietarios de los terrenos y les ofrecen un precio a cambio de una comisión del 2% o el 3%. Si hay acuerdo, la comercializadora subcontrata a una ETT y envía a los camiones. Se vacía el campo y vuelta a empezar. Esa intermediación y la siguiente (la del establecimiento que vende al por menor) multiplica el precio de los cítricos.

“Vemos esta deriva con preocupación”, dice el secretario de Inmigración de CC OO. “A medida que la crisis se va recrudeciendo las situaciones laborales van empeorando. Los derechos están retrocediendo a marchas forzadas. 14 euros de jornal nos retrotrae no al siglo pasado, sino a la edad media. En cada campo y a cada trabajador se le paga un salario diferente. Desde el sindicato consideramos que forma parte de la ofensiva de la patronal para eliminar derechos e individualizar las relaciones laborales, la desregulación total. Y echamos en falta una mayor intervención inspectora, que el Gobierno destine más recursos. A los 40 inspectores que hay en la provincia de Valencia le harían falta cuatro o cinco vidas para poder controlar todas las empresas que tienen a su cargo”, afirma Montalbán.

El secretario de CC OO reclama un acuerdo para que los sindicatos puedan realizar funciones inspectoras: “Si no con capacidad ejecutiva, sí al menos de forma preventiva”.