ANGELA Merkel proclamó, hace unos días, el fin de la Alemania multicultural y, con sus palabras, ha lanzado un debate que nadie se atrevía a abrir. El debate es profundo y para abordarlo no basta con reflexionar sólo acerca de la inmigración, sino del propio modelo político. Nuestras sociedades son muy diversas. Los ciudadanos y ciudadanas no sólo son diferentes, sino que consideran que tienen derecho a serlo. Ya no quedan países en los que no convivan distintas lenguas, identidades, tradiciones y costumbres. Evidentemente, esto obliga a cambiar la vieja forma de hacer la política.

La tradición centralista tiene ya varios siglos de antigüedad. En contra de la diversidad de poderes de la Edad Media, las monarquías absolutas reclamaban el poder total. El Rey Sol señalaba orgulloso que el Estado era él. Sin embargo, esto nunca fue una realidad. El monarca, incluso el muy poderoso rey francés, se enfrentaba a trabas de todo tipo que le impedían controlar con eficacia su acción de gobierno. Lo que no pudo lograr el absolutismo lo logró, curiosamente, la Revolución. Los revolucionarios franceses reclamaron un ¿poder irresistible? Para transformar la sociedad. De esta forma, con la ayuda de la moderna burocracia, el Estado se convirtió en una máquina institucional como nunca antes había sido posible.

Desde París se irradiaban las leyes, las nuevas costumbres, la lengua unificada, los códigos uniformes, las políticas… El modelo fue bastante eficaz y se convirtió en un modelo para todos los liberales y revolucionarios del mundo. La única excepción fue la revolución americana, que apostó por un modelo federal en el que el poder del Estado estaba repartido en los distintos territorios. La revolución francesa unificó y centralizó el poder. La revolución americana lo disgregó y dividió.

En Europa, el modelo más influyente fue el francés y aún asistimos a las consecuencias de esta apuesta política. El ideal del modelo francés es una sociedad homogénea que decide sus representantes para aplicar unas políticas comunes al conjunto de la república. Este modelo hizo caso omiso de las particularidades regionales, de las distintas lenguas y culturas, de las muy diversas costumbres. El nuevo y poderoso Estado usó toda su potencia para erradicar estas herencias del pasado, de un pasado oscuro que se quería iluminar gracias a las luces de la Ilustración. La lengua francesa se impuso de grado o fuerza, mediante la educación nacional, el ejército y la abierta represión. Las viejas costumbres se vincularon a la Iglesia y fueron abolidas por ley. Todas las mañanas se cantaba el himno nacional en la escuela y los niños aprendían a ser franceses. Este proceso de unificación nacional fue culminado con la experiencia compartida de la Primera Guerra Mundial. Se levantaron memoriales y mausoleos en todas las ciudades y pueblos recordando a los caídos por la patria. Se puede decir que la nación francesa sólo se completó con esta guerra y se remató con la experiencia de la Segunda Guerra Mundial. Un siglo y medio después de su inicio, Francia completaba al fin el programa revolucionario en lo que se refería a la construcción nacional. La lengua francesa campeaba en el mundo de la política, la economía y la alta cultura y era prácticamente la única relevante socialmente, con pequeñas excepciones: Córcega, Bretaña, País Vasco…

Los países federales también tuvieron una deriva hacia la centralización, aunque no sin resistencias. Los politólogos saben bien que el poder del Estado ¿si nadie lo impide con instituciones y leyes? tiende a centralizarse. La razón es sencilla. Cualquier gobierno desea aumentar su poder al máximo, tanto por simple ansia de poder como por razones funcionales, ya que es mucho más sencillo gobernar a golpe de decreto que teniendo que negociar cada ley con diversos agentes e instituciones. También facilita mucho la labor de gobierno que la sociedad sea lo más homogénea posible. Cuanto más iguales sean los ciudadanos más sencillo será gobernarlos y la ley valdrá para todos los casos con pocas excepciones.

El problema es que una sociedad nunca es homogénea. Las que pretenden serlo, en el fondo, lo parecen únicamente porque no son democráticas y ocultan su verdadera pluralidad. La segunda mitad del siglo XX fue, entre otras cosas, un periodo de lucha por el reconocimiento de diversos colectivos que no se sentían identificados con el ¿ciudadano medio? ideal. Las mujeres denunciaron su invisibilidad, los homosexuales, los pueblos y lenguas que no eran oficiales en el Estado… Cada lucha es distinta, pero todas comparten algo muy importante: combaten un modelo de Estado que sólo existe en las mentes de los gobernantes y que no es real. Es una lucha titánica porque los Estados llevan varios siglos aprendiendo de sus errores y han mostrado una tremenda fortaleza y habilidad para gestionar estos problemas… sin cambiar su esencia. Este es el reto del siglo XXI. Necesitamos Estados que vayan más allá de la simple tolerancia a quienes sean o piensen distinto. Necesitamos un poder público más sofisticado, más cercano a los problemas reales. Sobran discursos en favor de las minorías y faltan hechos que prueben que se les reconoce su derecho a ser distintos. Sin tener que guardar las formas.

El ejemplo de esta incapacidad es la actitud de muchas fuerzas armadas, que aceptan a los homosexuales en sus filas, a regañadientes, a condición de que no lo hagan público. Necesitan mantener la ficción de que todos los soldados son iguales, aunque se trate de ciudadanos que son diferentes. Del mismo modo, en el plano nacional, los Estados en los que conviven diversas culturas, lenguas e identidades nacionales no han sido capaces de aceptar la pluralidad genuina e irreducible de sus ciudadanos y pueblos. En el último cuarto del siglo XX permitieron, por motivos de gestión económica, la creación de algunas regiones. Y en algunos casos aceptaron un cierto grado de autonomía política siempre bajo el estricto control del centro en todos los aspectos fundamentales. Este fue el máximo que el Estado estaba dispuesto a conceder. Mientras tanto, otro reto de primera magnitud desafió la capacidad de integración del Estado. Esta vez los ¿distintos?, los ¿otros?, venían de otros lugares. Muchas veces de las antiguas colonias. Era la invasión de vuelta. En estos casos aún facilitaba un poco la integración el compartir la lengua imperial, pero llegaban otros con características raciales, culturales, lingüísticas y religiosas muy distintas. Las demandas de estas personas rompían con la supuesta uniformidad de la sociedad de acogida.

Con el tiempo, y a medida que aumentaba el número de inmigrantes, el Estado se vio obligado a variar su postura inflexible. Comenzó a hablarse de multiculturalismo, de crisol de culturas, de melting pot. Se dedicaron algunos recursos a examinar el problema y desarrollar políticas que facilitasen la integración de estas personas. Pero se siguió siendo muy restrictivo para conceder los derechos plenos de ciudadanía, que es la forma de participar plenamente en la vida pública y probablemente la única manera de que los nuevos ciudadanos se integren de verdad en la comunidad. Qué pronto olvida la Europa rica su pasado emigrante, de desharrapados haciendo las américas.

La canciller alemana Angela Merkel ha declarado solemnemente que “la Alemania multicultural ha fracasado”. Antes en Franci, se dijo lo mismo cuando los ciudadanos franceses de origen árabe abuchearon a la selección francesa y aclamaron a la rival. En EE.UU. hace mucho que ha dejado de hablarse del melting pot como modelo de integración. También en diversos países europeos se ha llegado a conclusiones parecidas, aunque muchos políticos e intelectuales callan, porque se considera que aceptar este fracaso es dar la razón a la extrema derecha.

La cuestión no es proclamar que el multiculturalismo ha fracasado, porque la pregunta es: ¿y entonces, qué? ¿Expulsamos a los que son distintos, como los gitanos en Francia? ¿Les invitamos a que se vayan? ¿Les exterminamos para mantener nuestras esencias puras? No hay alternativa al hecho central: nuestras sociedades son muy plurales. Y ello es un valor. Entorpece la gestión y el gobierno, pero enriquece nuestra convivencia y nuestras posibilidades de aprender. El problema no es que vengan muchos inmigrantes y que no quieran integrarse ?por cierto, también nosotros fuimos antes a sus países y no quisimos integrarnos?, sino que no somos capaces de aceptar la diferencia cuando ésta va más allá de un punto que consideramos inaceptable. El problema no radica en los inmigrantes, sino en nuestra actitud hacia lo diferente, y no hay más que ver las dificultades tremendas que tienen las dos Españas para convivir, o el esfuerzo titánico y baldío para que España se acepte en su plurinacionalidad, o la dificultad para muchos de aceptar la pluralidad interna de Euskadi o la incomprensión de muchos hombres respecto a la igualdad de derechos de las mujeres… Éste es uno de los grandes retos del siglo, que afecta a la propia comunidad política y a las bases de la convivencia. Antes que mirar a los inmigrantes deberíamos mirarnos en un espejo.