Una corte de apelaciones de San Francisco sopesará el lunes la estricta y polémica ley migratoria de Arizona, análisis cuyo tema central será el papel de las autoridades locales y estatales ante quienes cruzan la frontera ilegalmente.

Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito analizará la apelación que la gobernadora Jan Brewer interpuso a un dictamen que suspendió algunas fracciones de la ley. Entre las cláusulas bloqueadas está la obligación de que la policía, al hacer valer otras leyes, pregunte el estatus migratorio de quienes sospeche estén en el país de manera ilegal.

Cuando Brewer promulgó la ley el 23 de abril ello causó furor en todo Estados Unidos. Los simpatizantes de la medida pidieron leyes similares en sus estados, mientras que los detractores convocaron a un boicot económico contra Arizona.

El Congreso local aprobó la ley SB1070 luego de años de quejarse de que el gobierno federal no hacía lo suficiente para detener el flujo migratorio ilegal, cuyo principal puerto de entrada es precisamente Arizona.

Algunos argumentaron que la ley provocaría discriminación, mientras que el Departamento de Justicia, grupos defensores de los derechos civiles y otros detractores interpusieron demandas para derogarla.

Menos de un día antes de que la legislación entrara en vigor, la juez de distrito Susan Bolton bloqueó algunas cláusulas cruciales de la misma, como la de requerir que los migrantes carguen documentos que prueben que se encuentran legalmente en el país. Pero dejó otras vigentes, entre ellas la que prohibe obstruir el tránsito al buscar empleo en la calle.

Brewer apeló la decisión.

El Departamento de Justicia argumentó que el fallo debe ser ratificado porque la ley interfiere con el poder exclusivo del gobierno federal para regular la inmigración.

En su dictamen, Bolton dijo creer que las autoridades federales tendrían éxito en sus afirmaciones de que la ley federal tiene preeminencia sobre la estatal.

Peter Spiro, profesor de leyes migratorias en la Universidad Temple, dijo que la legislación de Arizona podría ser una plataforma para que la Corte Suprema enfrente la cuestión de si los estados y las comunidades pueden participar en la aplicación de normas migratorias, un tema que el máximo tribunal de Estados Unidos no ha abordado desde 1976.

Spiro predijo que la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito ratificará el dictamen de la corte menor en lo referente a la SB1070.

Si estuviera apostando, creo que (la Corte Suprema) abrogará la SB1070 al mismo tiempo que da cierto margen de maniobra a nivel estatal, afirmó.