Hace dos años, todas las fuerzas políticas catalanas, excepto el PP, firmaron el Pacte Nacional per la Immigració. El documento, además de fijar cómo se gestionan e integran los flujos migratorios, contiene la base de la política unitaria que debe permitir abordar este capítulo tan delicado.

Si tras los sucesos de Badalona, protagonizados por el PP, los partidos firmantes hubieran convocado el pacto como marco de diálogo, es de suponer que no habría sido necesario el acto de ayer, en el que dos grupos municipales de Barcelona – PSC e ICV – EUiA – suscribieron un nuevo documento elaborado por entidades de Ciutat Vella contra la xenofobia y el uso político de la inmigración. ERC, que dirige el departamento de la Generalitat del que depende el pacto del 2008 y que se ha negado a convocarlo, suscribió la declaración, pero en privado. En su opinión, se había convertido en un acto de campaña porque el ayuntamiento lo vinculó a un paseo de Jordi Hereu y José Montilla por el Raval. CiU no firma porque también lo ve electoralista, mientras que el PP lo rechaza y dice que va a seguir en su línea de recordar a los inmigrantes sus obligaciones.

Ninguna cuestión debería estar proscrita en el debate electoral. Eliminar este tema tendría tan poco sentido como no hablar del desempleo. Por eso precisamente no hacen falta grandes proclamas, máxime si el país ya dispone de una base de acuerdo. Situaciones tan curiosas como la de ayer solo se explican porque sus protagonistas abordan el tema en clave electoral, justo lo contrario de lo que afirman.